Contexto y naturaleza de la decisión

La providencia judicial en cuestión corresponde a un auto emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera - Subsección “A”, con fecha del 19 de agosto de 2025. La decisión resuelve la solicitud de suspensión provisional interpuesta en el marco de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por una sociedad mercantil contra la Contraloría General de la República. Este órgano jurisdiccional tuvo a su cargo analizar los argumentos para decretar o no la suspensión de los efectos de un auto administrativo emitido por la Sala Fiscal y Sancionatoria de dicha entidad.

Antecedentes fácticos y procesales

La sociedad demandante presentó la demanda contra la Contraloría General solicitando la nulidad del Auto ORD 801119 – 029 – 2024, proferido el 15 de febrero de 2024 en un proceso ordinario de responsabilidad fiscal. Paralelamente, requirió medidas cautelares para suspender provisionalmente los efectos del mencionado auto, argumentando violaciones al derecho de defensa y debido proceso, especialmente por supuestas irregularidades en las notificaciones y en la práctica de pruebas dentro del proceso fiscal. Durante el trámite, la Contraloría General no respondió a la solicitud de medida cautelar. El Tribunal Administrativo, en su análisis, se apoyó en la normativa vigente, particularmente en la Ley 1437 de 2011, que regula las medidas cautelares en la jurisdicción administrativa.

Consideraciones jurídicas y fundamentos del auto

El Tribunal recordó que la medida cautelar de suspensión provisional debe cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 229 a 231 de la Ley 1437 de 2011. Entre estos, destacan:

Que la solicitud se formule en la demanda o en escrito separado.
Que exista una violación manifiesta de normas superiores evidenciada mediante confrontación directa entre el acto administrativo y dichas normas o mediante pruebas sumarias.
Que se demuestre la existencia de un perjuicio irremediable o peligro para la efectividad de la sentencia.

En este caso, el Tribunal constató que aunque la solicitud fue presentada oportunamente, el demandante no realizó el comparativo necesario entre el acto administrativo y las normas superiores que presuntamente se vulneraron. Tampoco aportó pruebas que evidenciaran la gravedad de las supuestas irregularidades ni demostró la existencia de perjuicios irreparables derivados de la ejecución del auto impugnado. Además, se destacó que el proceso requiere un análisis profundo de los hechos y pruebas, materia reservada para la sentencia definitiva. La suspensión provisional no debe sustituir ese análisis ni prejuzgar el fondo del asunto. Por otro lado, se aclaró que la existencia de un proceso de cobro coactivo derivado del acto administrativo no constituye, por sí mismo, un perjuicio irremediable que justifique la suspensión. El Tribunal también recordó jurisprudencia relevante sobre la ejecutoria de los actos administrativos que sirven de fundamento para el cobro coactivo y sobre los límites para la suspensión de sus efectos.

Decisión final

En atención a lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la solicitud de suspensión provisional de los efectos del auto emitido por la Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría General de la República. La decisión subraya que esta negativa no implica prejuzgamiento sobre el fondo del proceso y que el estudio de la legalidad del acto administrativo demandado se realizará en la sentencia definitiva. Esta providencia reafirma la rigurosidad en la aplicación de las medidas cautelares en materia administrativa, garantizando el respeto a los principios del debido proceso y a la adecuada administración de justicia. De esta manera, se preserva el equilibrio entre la protección de los derechos de los ciudadanos y la eficacia de la función administrativa, asegurando que las decisiones judiciales se basen en un análisis completo y detallado de los hechos y normas aplicables.

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Tribunal Administrativo de Cundinamarca niega suspensión provisional en proceso contra la Contraloría General de la República

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