Contexto y antecedentes del proceso

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, en instancia de trámite, se pronunció mediante un auto fechado el 13 de agosto de 2025, en el marco del proceso identificado con radicado 25000-23-41-000-2025-01157-00. La acción de cumplimiento fue instaurada por una empresa del sector energético contra la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con el propósito de exigir el cumplimiento de normas con fuerza de ley o actos administrativos. En el desarrollo del proceso, ambas partes presentaron solicitudes relacionadas con la práctica y valoración de pruebas, las cuales fueron objeto de análisis por parte del Magistrado Ponente.

Decisión sobre las pruebas solicitadas

El Tribunal admitió como prueba los documentos presentados por la parte actora junto con la demanda, que se encuentran detallados en los apartados “V. PRUEBAS” y “VII. ANEXOS” de la misma. Cabe destacar que dichos documentos no fueron objeto de tacha ni desconocimiento por la parte demandada, por lo que se les otorgará el valor probatorio correspondiente. De igual forma, fueron admitidos los documentos aportados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos en su escrito de contestación, consignados en las secciones “VI. PRUEBAS” y “VII. ANEXOS”. Estos tampoco fueron cuestionados, por lo que también se les reconocerá valor probatorio. Por otro lado, el Tribunal negó la solicitud de la parte demandada para incluir como prueba la copia íntegra de dos expedientes judiciales previos, correspondientes a procesos distintos tramitados ante el Tribunal Administrativo de Casanare y otra sección del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La negativa se fundamentó en que dichos documentos resultan innecesarios e inútiles para la resolución del presente trámite.

Reconocimiento de personería jurídica

La providencia también reconoció la personería jurídica a los apoderados judiciales de ambas partes, incluyendo a los profesionales del derecho y a la sociedad que representa a la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Este reconocimiento se hizo en concordancia con los poderes otorgados y presentados en el expediente digital.

Consideraciones finales

La decisión adoptada se basa en la evaluación de la relevancia y pertinencia de las pruebas solicitadas, así como en el respeto a los principios procesales que rigen el debido proceso y la economía procesal. La providencia garantiza que únicamente se valore la evidencia que aporte elementos útiles para la correcta resolución del litigio, evitando la incorporación de documentos que no contribuyan al esclarecimiento de los hechos ni a la aplicación adecuada de la norma. El auto fue suscrito electrónicamente por el Magistrado Ponente, asegurando la integridad y autenticidad del acto conforme al artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). La notificación y cumplimiento de lo decidido deberán efectuarse en los términos legales vigentes, garantizando así el derecho de defensa y la transparencia en el proceso judicial. Con esta decisión, el Tribunal reafirma su compromiso con la correcta administración de justicia y el respeto a los procesos establecidos para la valoración de pruebas en acciones de cumplimiento.