Contexto y competencia

La providencia fue emitida por la Sección Primera, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, instancia encargada de conocer asuntos relacionados con la protección de derechos e intereses colectivos. Inicialmente, la demanda fue radicada en el Consejo de Estado, que en auto del 30 de julio de 2025 declaró su incompetencia y remitió el expediente a este tribunal, dada la competencia territorial y material.

Antecedentes fácticos y procesales

Los demandantes, actuando en nombre propio, interpusieron demanda a través del Medio de Control de Protección de los Derechos e Intereses Colectivos, previsto en las leyes 472 de 1998 y 1437 de 2011, contra un conjunto amplio de 43 entidades y actores relacionados con la administración y mantenimiento de la infraestructura vial y la seguridad en Bogotá y municipios vecinos. La demanda pretendía que se ordenara a las autoridades distritales, locales, de policía, organismos de control, empresas públicas y privadas, entre otros, diseñar e implementar un plan integral de acción para eliminar los huecos y deterioros en la malla vial, mejorar la señalización y la iluminación, así como promover una estrategia de participación ciudadana en la seguridad vial. Además, solicitaba medidas cautelares para impedir daños irreparables y garantizar la reparación inmediata de las vías.

Consideraciones del tribunal

Al analizar la demanda y el expediente digital, el tribunal identificó varias falencias procesales que impidieron avanzar en el estudio de fondo:

• Falta de identificación clara de conductas: Los demandantes no precisaron las acciones u omisiones concretas de cada una de las 43 entidades que supuestamente vulneran los derechos colectivos invocados.
• Incumplimiento del requisito de reclamación previa: Conforme al artículo...