Providencia y tribunal competente

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, Área Constitucional, fue el encargado de resolver la acción de tutela radicada en contra de una providencia judicial adoptada por el Juez 23 Civil del Circuito. La decisión se profirió en segunda instancia sobre un proceso ejecutivo inmobiliario, y se emitió el 27 de agosto de 2025.

Antecedentes fácticos y procesales

El accionante, demandante en el proceso ejecutivo para la suscripción de documentos relacionados con dos inmuebles, interpuso la acción de tutela alegando vulneración de los derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad. La acción se dirigió contra la providencia que confirmó la sentencia de primera instancia, emitida por el Juez 62 Civil Municipal, que declaró probadas excepciones de mérito respecto a uno de los inmuebles y ordenó continuar la ejecución solo sobre otro inmueble. El conflicto se centra en la validez y alcance del título ejecutivo que sustenta la demanda, ya que se cuestionó la exclusión de un garaje del proceso ejecutivo por no estar expresamente incluido en el contrato de promesa de compraventa, y la consideración de un interrogatorio rendido en un proceso distinto posterior a la interposición de la demanda.

Consideraciones principales de la providencia

La Sala recordó que la acción de tutela es un mecanismo excepcional para la protección de derechos fundamentales y que su procedencia contra providencias judiciales exige el cumplimiento de requisitos de relevancia constitucional, subsidiariedad, inmediatez y la existencia de una vía de hecho o violación manifiesta de garantías procesales. En el caso concreto, la Sala constató que la providencia judicial impugnada se ajustó a la normatividad vigente, fundamentó adecuadamente su decisión en las pruebas aportadas y en la legislación aplicable, y respetó los principios de congruencia y debido proceso. Se destacó que la interpretación del juez sobre el alcance del título ejecutivo se sustentó en la literalidad del contrato y la normativa procesal, aplicando correctamente el principio iura novit curia, que faculta al juzgador para aplicar el derecho con independencia de lo alegado por las partes. Además, la Sala señaló que el actor no agotó previamente los recursos ordinarios disponibles, especialmente contra el auto que negó el mandamiento ejecutivo respecto del inmueble excluido, lo que incumple el requisito de subsidiariedad para la tutela. Por lo tanto, no se configuró vía de hecho ni violación a derechos fundamentales que justificaran la intervención por medio de la tutela, con lo cual se confirmó la providencia judicial cuestionada.

Conclusión de la Sala

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá negó la acción de tutela, reafirmando la necesidad de agotar los mecanismos judiciales ordinarios y la correcta aplicación del derecho procesal en procesos ejecutivos. La decisión reitera que la tutela no es un recurso para revisar el fondo de las decisiones judiciales cuando estas se encuentran debidamente motivadas y ajustadas a derecho. La providencia fue notificada a las partes y remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisión, garantizando así el debido control constitucional de la decisión adoptada. Con esta resolución, se fortalece la seguridad jurídica en los procesos ejecutivos inmobiliarios y se confirma la importancia de respetar los canales procesales establecidos para la protección de derechos.