Providencia judicial y contexto procesal

El pasado 26 de agosto de 2025, la Sala Cuarta de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en segunda instancia, profirió un auto mediante el cual negó la acción de tutela promovida contra el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá. La acción de tutela fue instaurada para reclamar la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, por presunta mora judicial en la decisión del recurso de apelación interpuesto en un juicio ejecutivo coercitivo. La tutela fue presentada por la ejecutante en dicho proceso, quien solicitó que se ordenara a la autoridad judicial accionada proferir la decisión correspondiente, argumentando que la apelación presentada por los ejecutados no había sido resuelta en un plazo razonable.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso ejecutivo en cuestión se inició contra unos demandados, y el Juzgado Setenta y Uno Civil Municipal dictó sentencia de primera instancia el 24 de octubre de 2024, ordenando continuar con la ejecución. Contra esta sentencia, los ejecutados interpusieron recurso de apelación el 29 de octubre de 2024. Debido a demoras administrativas, el expediente fue remitido finalmente al Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito el 7 de mayo de 2025, que admitió el recurso el 14 de mayo y procedió a correr traslado para su sustentación. Luego de la sustentación del recurso, el expediente ingresó al despacho para emitir sentencia el 9 de junio de 2025. Durante este período, la accionante solicitó en varias oportunidades impulso procesal y celeridad en la actuación judicial, aduciendo un retraso superior a dos meses.

Consideraciones jurídicas de la providencia

El Tribunal Superior de Bogotá, como superior funcional del juzgado accionado, recordó que la acción de tutela es un mecanismo constitucional para proteger derechos fundamentales, pero su procedencia en casos de presunta mora judicial exige ciertos requisitos: que la demora sea injustificada, que no existan otros medios para defensa judicial y que se configure un perjuicio irremediable inminente. En el caso analizado, si bien existieron demoras administrativas en la transferencia del expediente entre despachos, estas no son atribuibles al juzgado encargado de resolver en segunda instancia, que actuó dentro del término máximo de seis meses previsto en el artículo 121 del Código General del Proceso para decidir apelaciones. El Tribunal destacó que el juzgado accionado admitió oportunamente el recurso, corrió los traslados legales y se encuentra dentro del plazo legal para emitir sentencia, lo cual evidencia diligencia razonable y ausencia de mora judicial injustificada. Por lo tanto, la Sala concluyó que no se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso ni al acceso a la administración de justicia, y negó el amparo solicitado.

Decisión y notificaciones

En consecuencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá resolvió:

Negar la acción de tutela promovida contra el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito.
Notificar la decisión a las partes e intervinientes conforme a la normativa vigente.
En caso de no interposición de recursos, remitir las piezas procesales a la Corte Constitucional para posible revisión.

Este auto reafirma la importancia de respetar los términos procesales establecidos y la necesidad de demostrar que las demoras en la administración de justicia son injustificadas para que procedan acciones constitucionales de tutela por mora judicial. De esta manera, se garantiza la correcta administración de justicia y se preserva la confianza en las instituciones judiciales.

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Tribunal Superior de Bogotá niega tutela por presunta mora judicial en apelación de proceso ejecutivo

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