Contexto y antecedentes del proceso

La controversia tiene origen en un proceso extrajudicial de pruebas iniciado por una sociedad petrolera privada, que solicitó la práctica anticipada de exhibición documental, inspección judicial con perito y el interrogatorio al representante legal de una sociedad vinculada al Estado, que actúa como operadora en un contrato de asociación petrolera. La parte demandante alega prácticas desiguales y posibles incumplimientos contractuales respecto a tarifas y condiciones de prestación de servicios. El Juzgado 27 Civil del Circuito de Bogotá admitió la solicitud de pruebas y fijó fecha para la práctica de las diligencias, además de ordenar la designación de un perito contable. La sociedad objetada interpuso recurso de reposición alegando, entre otras, la falta de justificación para la anticipación de pruebas, la existencia de un pacto arbitral que impide la jurisdicción ordinaria, la improcedencia del interrogatorio al representante legal por tratarse de una entidad pública y la imprecisión de la solicitud de exhibición documental que afecta el derecho a la defensa. El Juzgado rechazó el recurso de reposición con motivaciones consideradas insuficientes por la parte accionante, quien entonces interpuso acción de tutela argumentando la vulneración de derechos fundamentales al debido proceso, la defensa y la igualdad.

Consideraciones jurídicas de la tutela admitida

El magistrado a cargo admitió la acción de tutela conforme a los criterios jurisprudenciales de procedencia para este tipo de acciones contra providencias judiciales, destacando: - La relevancia constitucional del caso, dada la presunta vulneración de garantías procesales esenciales, en particular la falta de justificación para la práctica anticipada de pruebas y la vulneración del derecho de defensa por la solicitud...