Contexto y antecedentes del caso

La acción de tutela fue presentada por la apoderada judicial de la copropiedad Tarragona Club Conjunto Residencial PH, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que adelantaba un proceso administrativo en defensa de los derechos de los consumidores frente a la constructora responsable de la edificación. La copropiedad cuestiona la conducta de la autoridad administrativa, especialmente en relación con la celebración de audiencias virtuales en las que, por fallas técnicas y dificultades de conexión, no fue posible su participación efectiva. Los hechos centrales se refieren a la imposición de una multa por inasistencia a una audiencia virtual programada, pese a que la representante legal y el representante de la copropiedad intentaron participar desde la sede del conjunto residencial, pero sufrieron reiteradas interrupciones en la conexión a internet. Ante esta situación, la autoridad ordenó la comparecencia presencial con un plazo insuficiente, lo que resultó imposible para la apoderada, quien además aduce limitaciones médicas recientes que afectan su capacidad de desplazamiento. Adicionalmente, se cuestiona la validez de la demanda inicial, presentada por un abogado previamente designado pero separado por incumplimiento, quien habría actuado sin poder vigente y sin autorización de la copropiedad, lo que motivó un proceso disciplinario en su contra. La apoderada solicitó el desistimiento de dicha demanda para evitar que produzca efectos jurídicos que puedan afectar un proceso principal por responsabilidad civil que la copropiedad adelanta contra la constructora.

Consideraciones jurídicas de la tutela admitida

El Tribunal Superior de Bogotá, mediante providencia del 28 de agosto de 2025, admitió la tutela y dispuso vincular a las partes y a...