Contexto y naturaleza de la providencia

La providencia adoptada, fechada el 28 de agosto de 2025, corresponde a un auto de admisión de acción de tutela, emitido por un magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Esta decisión permite iniciar el trámite de la acción constitucional presentada, que busca la protección inmediata de derechos fundamentales ante presuntas vulneraciones cometidas por autoridades judiciales.

Antecedentes fácticos y procesales

La acción de tutela fue presentada por el apoderado judicial de una sociedad comercial, quien también actúa como persona natural en el proceso. Se alega que desde hace más de cinco meses se han realizado múltiples solicitudes vía correo electrónico a varios juzgados de Bogotá —entre ellos el Juzgado 46 Civil del Circuito, el Juzgado 73 Civil Municipal y el Juzgado 33 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la localidad de Chapinero— así como a la División de Servicios Digitales y Atención al Usuario del Consejo Superior de la Judicatura, para obtener la totalidad de los expedientes digitales completos relacionados con procesos en los que dicha sociedad figura como parte demandada. Pese a las reiteradas solicitudes, la información suministrada ha sido parcial o inexistente. En algunos casos, se entregó únicamente una providencia aislada; en otros, se proporcionaron enlaces digitales sin permisos de acceso. Asimismo, se reportó negativa para enviar los expedientes completos incluso en procesos de consulta pública. Esta situación ha sido comunicada a las autoridades judiciales sin obtener una respuesta satisfactoria, lo que, según el accionante, afecta su derecho fundamental de petición y el debido proceso, dado que impide el acceso pleno a la información necesaria para la defensa jurídica y la recolección de pruebas.

Consideraciones jurídicas de la providencia

El magistrado encargado de la Sala Civil evaluó que la demanda cumple con los requisitos legales para su admisión y vinculó a las entidades judiciales involucradas, así como a la División de Servicios Digitales y Atención al Usuario del Consejo Superior de la Judicatura, para que en un término de un día ejerzan su derecho de defensa. Además, se ordenó la publicación del aviso de la acción en la página web de la Rama Judicial para asegurar la participación de quienes puedan tener interés o verse afectados. Se requirió a los juzgados mencionados un informe detallado sobre los hechos que motivan la tutela y la remisión completa de los expedientes digitales en su poder. Los fundamentos jurídicos invocados se basan en el artículo 86 de la Constitución Política, que regula la acción de tutela como mecanismo preferente y subsidiario para proteger derechos fundamentales. También se destaca la aplicación del artículo 23 constitucional, que consagra el derecho de toda persona a presentar peticiones respetuosas y obtener pronta resolución, así como la Ley 1755 de 2015, que regula el derecho de petición y establece plazos máximos para la respuesta de solicitudes de información.

Implicaciones del auto de admisión

Este auto representa un paso inicial en la protección judicial de derechos fundamentales en el ámbito procesal, evidenciando la importancia del acceso efectivo a la información judicial para garantizar el debido proceso. La providencia exige a las autoridades judiciales involucradas esclarecer la situación y cumplir con la entrega completa y oportuna de los expedientes, en formato digital, para asegurar la transparencia y la defensa adecuada en los procesos judiciales. El seguimiento del trámite de esta acción de tutela será relevante para observar cómo la Rama Judicial responde a las exigencias constitucionales en materia de acceso a la información y protección de derechos fundamentales en la era digital. La resolución final de este caso podría sentar un precedente importante para el manejo de expedientes digitales y la garantía de los derechos procesales en Colombia.

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Tribunal Superior de Bogotá admite tutela contra Juzgados y Consejo Superior de la Judicatura por presunta vulneración del derecho de petición y debido proceso

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