Contexto y naturaleza de las decisiones

En dos decisiones recientes, una del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otra de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, se ha analizado y definido la competencia para la intervención administrativa y posible liquidación de sociedades constructoras que presentan irregularidades en su funcionamiento y obligaciones legales. Ambas resoluciones corresponden a providencias jurisdiccionales y administrativas que responden a conflictos de competencia entre entidades del orden nacional y territorial, así como a demandas por presuntas irregularidades administrativas y violaciones en el ejercicio de la función pública.

Antecedentes fácticos y procesales

Los procesos se originaron por solicitudes de intervención y liquidación de sociedades constructoras que, según informes de autoridades tributarias y administrativas, no cumplían con sus obligaciones fiscales, llevaban registros contables deficientes o incompletos, y mantenían una gestión irregular, incluso presentando abandono de sus actividades. En uno de los casos, el ente territorial correspondiente había ordenado la toma de posesión y liquidación administrativa de una sociedad constructora con base en causales previstas en la Ley 66 de 1968. Sin embargo, la designación del agente liquidador y la ejecución de la medida adolecieron de irregularidades procesales y administrativas, como la falta de notificación y publicidad adecuadas. Simultáneamente, surgieron controversias sobre la competencia para conocer y tramitar dichas medidas entre la entidad territorial (municipio o distrito) y entidades nacionales como la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Industria y Comercio.

Consideraciones jurídicas y fundamentos

1. Competencia para la intervención y liquidación administrativa: Las decisiones confirman que la competencia para la vigilancia, control, toma de posesión y liquidación administrativa de sociedades dedicadas...