Entidad emisora, número y fecha de la resolución

La Resolución 0612 de 2025 fue expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el 28 de agosto de 2025 y publicada en el Diario Oficial No. 53.232 el 3 de septiembre del mismo año. Esta norma actualiza y reemplaza la Resolución 700 de 2024, vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

Tema principal y destinatarios

El asunto central de esta resolución es la definición de los indicadores, variables y ponderadores necesarios para determinar el criterio de eficiencia fiscal y administrativa en la gestión sectorial de agua potable y saneamiento básico. Este criterio se utiliza para asignar los recursos del Sistema General de Participaciones destinados a este sector. El público principal al que va dirigida esta regulación son los municipios, distritos y el departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Estos entes territoriales son responsables de la prestación de los servicios públicos domiciliarios y, por tanto, deben cumplir con los parámetros establecidos para acceder a los recursos de manera eficiente y transparente.

Objetivo de la resolución

El objetivo es establecer un marco técnico y administrativo que permita evaluar la capacidad de las entidades territoriales para administrar los recursos públicos asignados al sector de agua potable y saneamiento básico durante la vigencia 2026. Así, se busca promover una gestión eficiente, equitativa y focalizada, que garantice la cobertura, calidad y continuidad en la prestación de estos servicios esenciales.

Principales decisiones y regulaciones

La resolución establece:

• Los indicadores presupuestales/fiscales y administrativos sectoriales que serán utilizados para medir la eficiencia.
• La metodología para el cálculo de estos indicadores, incluyendo variables como la ejecución de recursos, cumplimiento de metas del plan de desarrollo, calidad del servicio y uso óptimo de recursos.
• La obligación de reportar información a través de sistemas oficiales como el Formulario Único Territorial (FUT), el Sistema Único de Información (SUI) y el Sistema de Información de la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano (SIVICAP).
• Las ponderaciones asignadas a cada indicador para conformar un criterio sintético que servirá como base para la distribución de recursos.
• El plazo máximo para certificar los resultados al Departamento Nacional de Planeación, establecido en el 10 de enero de cada año.

Base legal y coordinación interinstitucional

La resolución se fundamenta en diversas normas, entre ellas:

• Los artículos 58 y 59 de la Ley 489 de 1998.
• El artículo 2° del Decreto 3571 de 2011 y sus modificaciones posteriores.
• El artículo 3° del Decreto 155 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 2015.
• El artículo 7° de la Ley 1176 de 2007, que establece criterios para la distribución de recursos del Sistema General de Participaciones.
• El artículo 356 de la Constitución Política, que prioriza servicios públicos como agua potable y saneamiento básico.

Asimismo, la definición de indicadores y metodología fue coordinada con el Departamento Nacional de Planeación y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, garantizando un enfoque técnico y consensuado.

Modificaciones y vigencia

Esta resolución deroga expresamente la Resolución 700 de 2024 y mantiene la metodología adoptada en esa norma, asegurando continuidad institucional y seguridad jurídica. La norma rige a partir del día siguiente a su publicación, es decir, desde el 4 de septiembre de 2025, y se aplica para la vigencia fiscal 2026.

Impacto potencial

La regulación impacta directamente en la asignación de recursos del Sistema General de Participaciones para el sector de agua potable y saneamiento básico, incentivando a las entidades territoriales a optimizar la gestión de estos servicios. Al establecer criterios claros y medibles, se promueve mayor transparencia, eficiencia y focalización del gasto público, lo cual puede traducirse en mejoras en la calidad y cobertura de los servicios para la población, especialmente en zonas con mayor vulnerabilidad socioeconómica. En resumen, esta resolución representa un paso significativo para fortalecer la gestión pública en un sector vital para el bienestar y la salud de los ciudadanos, asegurando que los recursos se utilicen de manera eficaz y que los servicios de agua potable y saneamiento básico lleguen de forma adecuada a todas las comunidades del país.