Propósito general y objetivo principal del proyecto
El proyecto de resolución tiene por objeto definir los parámetros que guiarán la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y cobros periódicos en los establecimientos educativos privados que ofrecen educación preescolar, básica y media durante el año escolar 2026. Esta iniciativa busca asegurar un equilibrio entre la preservación del poder adquisitivo de las familias y la sostenibilidad financiera de los establecimientos, promoviendo además la mejora continua de la calidad educativa en el sector privado.
Nuevas disposiciones y mecanismos introducidos
El proyecto adopta la versión 11 de la Guía 4 o Manual de Autoevaluación y Clasificación de Establecimientos Educativos Privados, que será de aplicación obligatoria para la fijación de tarifas, mediante la Aplicación para la Evaluación Institucional y Reporte Financiero (EVI). Se mantiene la clasificación de los establecimientos en tres regímenes tarifarios: libertad regulada, libertad vigilada y régimen controlado, según su puntaje en la autoevaluación institucional.
Se incorpora el Índice de Permanencia, un nuevo indicador que evalúa la permanencia intra anual e interanual de los estudiantes y la tasa de aprobación, con un enfoque regional diferenciado en ocho zonas del país. Este índice forma parte integral de la fórmula para el cálculo del incremento en las tarifas.
Además, se reconoce un incremento adicional para establecimientos que atienden población escolar con discapacidad, en línea con las políticas de educación inclusiva y la normativa vigente. También se destaca la importancia del reconocimiento a la labor docente, estableciendo un aumento en las tarifas para aquellos colegios que demuestren que al menos el 80% de sus docentes reciben remuneración conforme al escalafón docente regulado.
Medidas específicas y criterios para la fijación de tarifas
Los establecimientos educativos privados deberán considerar los siguientes criterios para fijar sus tarifas:
- Clasificación institucional según el Manual de Autoevaluación.
- Índice de Precios al Consumidor (IPC) interanual para agosto de 2025, según datos oficiales.
- Índice de Permanencia regionalizado.
- Implementación de estrategias de educación inclusiva y atención a población con discapacidad.
- Reconocimiento a la labor docente conforme al Decreto Ley 2277 de 1979.
Los incrementos máximos permitidos varían según el régimen tarifario en el que se clasifique el establecimiento, sumando puntos porcentuales conforme a los criterios mencionados. Asimismo, se establece que las entidades territoriales certificadas en educación serán responsables de expedir las resoluciones para la fijación de las tarifas autorizadas en su jurisdicción.
El proyecto contempla que los establecimientos puedan otorgar descuentos sobre las tarifas autorizadas, siempre que estos queden debidamente registrados en el reglamento o manual de convivencia y en el sistema EVI.
Impacto y alcance potencial
La implementación de esta resolución busca promover la mejora continua de la calidad educativa en el sector privado, incentivando la certificación y acreditación de calidad, así como la inclusión educativa. Además, pretende garantizar la transparencia y el control en la fijación de tarifas, protegiendo el derecho a la educación y evitando prácticas restrictivas en la adquisición de materiales escolares.
Se prevé que estas medidas beneficien a estudiantes, familias, establecimientos educativos privados y entidades territoriales certificadas en educación, facilitando procesos de vigilancia y control más efectivos.
Participación de actores clave
El desarrollo del proyecto contó con la participación del Ministerio de Educación Nacional en coordinación con las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas y la Mesa Nacional de Educación Privada. Asimismo, se realizaron procesos de consulta pública entre el 2 y el 17 de septiembre de 2025 para recibir observaciones de la ciudadanía, garantizando la transparencia y la inclusión en la elaboración de la norma.
La resolución propuesta también establece obligaciones para los establecimientos educativos en cuanto al reporte de información en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) y la presentación de planes de mejora para aquellos clasificados en el régimen controlado.
La norma entrará en vigencia a partir del día siguiente a su publicación y derogará la resolución anterior sobre el mismo tema, consolidando así un marco regulatorio actualizado que responde a las necesidades actuales del sector educativo privado y fortalece la protección de los derechos de los estudiantes y sus familias.
