Propósito y objetivo del proyecto de resolución

El presente proyecto de resolución tiene como propósito general reglamentar los requisitos establecidos en el artículo 183 de la Ley 2294 de 2023, que permite a la Nación cofinanciar hasta el 50% de ciertas inversiones en sistemas de transporte público que ya fueron cofinanciados previamente por el Gobierno nacional y que se encuentran en operación. El objetivo principal es apoyar la sostenibilidad de estos sistemas, garantizando una operación eficiente, segura y de calidad para los usuarios. Este apoyo se dirige especialmente a los entes territoriales y gestores de sistemas de transporte público de pasajeros, quienes podrán acceder a mecanismos claros de cofinanciación para inversiones en infraestructura física, sistemas inteligentes de transporte, vehículos automotores de cero o bajas emisiones, material rodante para sistemas férreos y vehículos auxiliares.

Nuevas disposiciones y mecanismos introducidos

El proyecto establece un marco normativo detallado que regula:

• Los tipos de inversiones susceptibles de cofinanciación, siempre que no hayan sido incluidas en convenios previos para la implementación de los sistemas.
• El procedimiento para la presentación de solicitudes de cofinanciación ante el Grupo Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) del Ministerio de Transporte.
• Los documentos y certificaciones requeridos para acreditar el cumplimiento de requisitos, incluyendo auditorías externas, informes técnicos, estrategias de sostenibilidad, planes tarifarios y análisis legales y fiscales.
• La obligación de actualizar catastros y de implementar instrumentos de captura de valor del suelo en las zonas donde se encuentran los proyectos para garantizar la financiación territorial.
• La definición de indicadores de calidad y sostenibilidad operacional que deben ser reportados periódicamente para el seguimiento y evaluación del servicio.
• Condiciones específicas para el desembolso de los aportes de la Nación, vinculadas al cumplimiento de metas y reportes establecidos en los convenios de cofinanciación.
• Requisitos de gobierno corporativo para las sociedades encargadas de la gestión de los sistemas, certificados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Acciones y regulaciones específicas

Para acceder a la cofinanciación, los entes territoriales deberán presentar una solicitud formal acompañada de documentación que respalde la operación previa y la necesidad de recursos. Esta documentación incluye:

• Certificaciones de operación y cofinanciación anterior.
• Auditorías externas que validen la inversión requerida y sus costos.
• Estrategias con indicadores para mejorar la calidad del servicio y garantizar la sostenibilidad operacional.
• Compromisos formales para la actualización catastral y la implementación de herramientas de captura de valor del suelo.
• Estudios aprobados que contemplen propuestas tarifarias, políticas de ingresos y planes de financiación.
• Análisis legales y fiscales que aseguren la viabilidad del proyecto y la capacidad financiera del ente territorial.
• Registro del proyecto en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional y la presentación de documentos CONPES que definan el esquema de cofinanciación.

Además, el Ministerio de Transporte validará la información y coordinará con el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la gestión de avales financieros y la suscripción de convenios.

Impacto y alcance potencial

Este proyecto busca fortalecer la sostenibilidad financiera y operativa de los sistemas de transporte público en operación, contribuyendo a la mejora en la calidad del servicio y la reducción de tarifas técnicas. Al permitir la cofinanciación de inversiones estratégicas, se promueve la eficiencia y se favorece la continuación de servicios de transporte público bajo condiciones óptimas para los usuarios. El impacto directo recae sobre las entidades territoriales y los entes gestores, quienes serán responsables de la operación, mantenimiento y cumplimiento de las obligaciones derivadas de los convenios de cofinanciación. Asimismo, se espera que esta regulación favorezca la planeación y la transparencia en la gestión de recursos públicos destinados al sector transporte.

Participación de actores clave

El Ministerio de Transporte lidera la implementación del proyecto a través del Grupo Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS), encargado de validar solicitudes y verificar el cumplimiento de requisitos. El Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público participan en la evaluación financiera y presupuestal, esenciales para la autorización de los recursos. Los entes territoriales y gestores de sistemas de transporte público son actores fundamentales, ya que deben cumplir con los requisitos técnicos, financieros y administrativos para acceder a los beneficios del apoyo estatal. Además, se contempla la participación de auditores externos especializados para garantizar la transparencia en la presentación de las inversiones. Este proyecto ha sido objeto de socialización pública y consultas con entidades sectoriales, garantizando un proceso participativo y la incorporación de aportes técnicos para su adecuada reglamentación. --- Esta iniciativa normativa representa un avance significativo en la regulación del apoyo estatal a los sistemas de transporte público, con un enfoque claro en la sostenibilidad, la calidad del servicio y la mejora continua para la ciudadanía. Su puesta en marcha contribuirá a fortalecer el transporte público como un pilar fundamental para el desarrollo urbano y la movilidad sostenible en el país.