Propósito general del proyecto de resolución
El proyecto de resolución tiene como propósito fijar la tarifa de la contribución especial que los prestadores de servicios públicos domiciliarios deben pagar en 2025, conforme a lo establecido en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994. Además, define la base gravable para la liquidación de esta contribución, incluyendo gastos de funcionamiento y operativos necesarios para cubrir un faltante presupuestal identificado por la Superservicios.
Objetivo principal y grupos afectados
El objetivo principal es asegurar la viabilidad financiera y operativa de la Superservicios, permitiendo que esta entidad estatal cumpla con su misión constitucional de velar por la prestación eficiente y de calidad de los servicios públicos domiciliarios en Colombia. El proyecto impacta directamente a los prestadores de servicios públicos domiciliarios, incluyendo empresas de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, gas natural y gas licuado de petróleo, quienes serán responsables del pago de la contribución especial.
Nuevas disposiciones y mecanismos introducidos
El proyecto establece una tarifa fija del uno por ciento (1%) sobre la base gravable, que comprende:
- Los gastos de funcionamiento asociados a los servicios sujetos a inspección, vigilancia y control de la Superservicios.
- Los gastos operativos adicionales contemplados en el parágrafo 2° del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, que pueden ser adicionados en proporción indispensable para cubrir el faltante presupuestal de la entidad.
Se calcula que para cubrir este faltante presupuestal, equivalente a aproximadamente 182 mil millones de pesos, es necesario adicionar un 32.04% de los gastos operativos a la base gravable. Estos gastos operativos incluyen conceptos específicos como compras de electricidad, combustibles, peajes y otros gastos similares según el sector.
Acciones y regulaciones específicas propuestas
El proyecto dispone que:
- La contribución especial se liquidará con base en la información financiera certificada por los prestadores a través del Sistema Único de Información (SUI) con corte al 31 de diciembre de 2024.
- Para aquellos prestadores que no reporten oportunamente su información financiera, la liquidación se realizará con base en el último reporte disponible actualizado según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con la posibilidad de investigaciones y sanciones.
- Se establece un umbral mínimo de contribución: los prestadores cuyo valor a pagar sea inferior a 354.031 pesos no deberán efectuar pago alguno, en atención al principio de eficiencia.
- Se contempla la posibilidad de reliquidación de la contribución en caso de modificaciones autorizadas o requeridas en la información financiera.
- Los pagos deberán efectuarse dentro del mes siguiente a la firmeza de la liquidación, con múltiples canales habilitados para facilitar el recaudo.
- Se establecen consecuencias por mora y un régimen sancionatorio para irregularidades en el reporte y certificación de información financiera.
Impacto esperado y relevancia estratégica
La implementación del proyecto busca garantizar la sostenibilidad financiera de la Superservicios, permitiendo fortalecer su capacidad operativa para cumplir con sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre los servicios públicos domiciliarios. Esto es fundamental para avanzar en la gestión estratégica institucional, la ejecución de proyectos alineados con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y la atención efectiva a usuarios, especialmente en territorios apartados y organizaciones comunitarias. La ampliación de la base gravable mediante la inclusión de gastos operativos es una medida excepcional sustentada en la legislación vigente y la jurisprudencia del Consejo de Estado.
Actores clave involucrados
Los principales actores involucrados en la implementación del proyecto son:
- La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, como entidad responsable de la inspección, vigilancia y control, y de la liquidación y cobro de la contribución especial.
- Los prestadores de servicios públicos domiciliarios, quienes deberán reportar información financiera precisa y cumplir con el pago de la contribución.
- Las entidades financieras y plataformas habilitadas para el recaudo de la contribución.
- Los organismos de control y judiciales, en caso de investigaciones y recursos relacionados con la contribución especial.
Este proyecto de resolución se presenta con el propósito de asegurar la adecuada financiación de la Superservicios para el año 2025, fortaleciendo la gestión pública y el cumplimiento de la función estatal en el sector de los servicios públicos domiciliarios. De aprobarse, se espera que contribuya a una mayor transparencia y eficiencia en el sector, garantizando la continuidad y mejora en la calidad de los servicios que impactan directamente a millones de colombianos.
