Contexto y antecedentes del conflicto
El Consejo de Estado, en su Sala de Consulta y Servicio Civil, atendió un conflicto negativo de competencias administrativas surgido entre dos entidades nacionales: la Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barranquilla, y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico. El conflicto se centró en determinar quién tenía la competencia para adelantar un proceso disciplinario contra un auxiliar de justicia —en específico, un secuestre— involucrado en presuntas irregularidades relacionadas con la movilización y explotación económica de un vehículo depositado en un proceso ejecutivo.
El Juzgado Quinto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Barranquilla, al detectar las irregularidades, remitió copia del caso a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial. Sin embargo, esta última consideró que el asunto competía a la Procuraduría, basándose en precedentes que señalan que los auxiliares de justicia son particulares que ejercen funciones públicas temporales y no están sujetos a la competencia disciplinaria de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ni sus seccionales. Por su parte, la Procuraduría devolvió el caso a la Comisión, alegando que la Ley 1952 de 2019 y sus modificaciones atribuyen a esta última la competencia para conocer los procesos disciplinarios contra auxiliares de justicia. Ante esta contradicción, se acudió al Consejo de Estado para dirimir la controversia.
Marco normativo y análisis jurídico
El auto emitido por la Sala se fundamenta en varias normas clave:
- Artículo 257A de la Constitución Política: establece que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre funcionarios y empleados de la Rama Judicial, pero no incluye expresamente a los auxiliares de justicia.
- Ley 1952 de 2019 y Ley 2094 de 2021: regulan el Código General Disciplinario y atribuyen la competencia para investigar y sancionar a particulares que ejercen funciones públicas, incluidos los auxiliares de justicia, a la Procuraduría General de la Nación.
- Artículo 47 de la Ley 1564 de 2012: define la naturaleza de los cargos de auxiliares de justicia como oficios públicos ocasionales, ejercidos por particulares sin vínculo laboral con el Estado.
El Consejo de Estado reafirmó que los auxiliares de justicia, al ser particulares que cumplen funciones públicas transitorias, no son sujetos disciplinares de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ni sus comisiones seccionales, salvo en los procesos disciplinarios iniciados antes del 13 de enero de 2021, fecha en la que entró en funcionamiento dicha Comisión. En consecuencia, para procesos disciplinarios iniciados con posterioridad, la competencia recae en la Procuraduría General de la Nación, conforme a lo dispuesto en el artículo 277, numeral 6, de la Constitución Política y la normativa sectorial.
Decisión y efectos procesales
El Consejo de Estado declaró competente a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barranquilla para adelantar la investigación disciplinaria contra el auxiliar de justicia involucrado, ordenando remitirle el expediente para su trámite correspondiente. Asimismo, exhortó a esta Procuraduría a comunicar al auxiliar de justicia el inicio del proceso disciplinario en la etapa procesal pertinente, respetando la reserva prevista en la ley.
Además, se estableció que los términos del proceso disciplinario se suspenderán mientras se resuelve el conflicto y se reanudarán a partir del día siguiente a la comunicación de esta decisión. La providencia es definitiva en esta materia y no admite recurso alguno.
Implicaciones de la decisión
Esta resolución es un referente importante en la delimitación de competencias disciplinarias en materia administrativa y judicial en Colombia. La Sala enfatizó la importancia de respetar el marco jurídico vigente para garantizar la correcta administración de justicia y evitar vacíos competenciales que puedan afectar los derechos de los sujetos involucrados y la eficacia del procedimiento disciplinario.
La decisión respalda la autonomía y especialización de la Procuraduría General de la Nación en el ejercicio del poder disciplinario sobre particulares que ejercen funciones públicas transitorias, como es el caso de los auxiliares de justicia, y reafirma la función de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus comisiones seccionales en el ámbito exclusivo de funcionarios y empleados judiciales con vínculo permanente.
Con esta definición, se espera una mayor claridad y eficacia en la tramitación de procesos disciplinarios, fortaleciendo la confianza en las instituciones encargadas de velar por la integridad y el buen funcionamiento de la administración de justicia en el país.
