Contexto y competencia del tribunal

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, en su calidad de segunda instancia, emitió un auto interlocutorio el 26 de agosto de 2025, resolviendo la impugnación presentada contra un auto del 7 de octubre de 2024 que rechazó la acción de tutela. El magistrado ponente, en ejercicio de sus competencias conforme a los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), analizó el caso y dictó la providencia.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso inició con la presentación de una acción de tutela contra la Sección Primera del Consejo de Estado, luego de que esta negara el reconocimiento de agencias en derecho en un proceso de medio de control de protección de derechos e intereses colectivos. La autoridad judicial requirió al accionante que precisara su calidad para presentar la tutela y que aclarara los supuestos defectos de la providencia cuestionada, conforme al artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, que establece la corrección de la solicitud de tutela. El accionante respondió aduciendo su condición de ciudadano sin formación jurídica y solicitó que se le concediera el amparo de pobreza para facilitar el acceso a la justicia. Sin embargo, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante auto del 7 de octubre de 2024, rechazó la acción de tutela al considerar que no se subsanaron debidamente los defectos señalados. Posteriormente, se presentaron recursos y acciones adicionales buscando la revisión y admisión de la tutela, incluyendo una orden de una subsección distinta para emitir nueva decisión en cumplimiento de una sentencia que amparó el derecho fundamental al debido proceso.

Consideraciones jurídicas y razón principal de la decisión

El Consejo de Estado reiteró que, según el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, la falta de subsanación adecuada de la solicitud de tutela puede conducir a su rechazo, como ocurrió en este caso. Además, aclaró que la normativa vigente no contempla un recurso específico contra el auto de rechazo de tutela, por lo que no proceden instancias adicionales para impugnar tal decisión. Esta conclusión se basa en el principio de legalidad y en que las normas procesales son de orden público, evitando la creación judicial de recursos no previstos por el legislador. Importante destacar que la Corte Constitucional ha establecido que el rechazo de una acción de tutela no genera cosa juzgada, lo que permite al ciudadano presentar nuevas solicitudes cumpliendo los requisitos legales mínimos sin que esto sea considerado temerario. En este sentido, el Consejo de Estado recomendó al accionante acudir a entidades como la Defensoría del Pueblo o persoonerías para recibir asesoría y asistencia en la presentación de acciones de tutela, garantizando así el acceso efectivo a la justicia. Finalmente, el Consejo de Estado declaró improcedente la impugnación contra el auto del 7 de octubre de 2024 y ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, asegurando la transparencia y el control constitucional sobre el proceso.

Conclusión

Este auto interlocutorio del Consejo de Estado reafirma la importancia del cumplimiento de los requisitos procesales en la acción de tutela, limita la posibilidad de recursos contra el rechazo de la misma y protege el derecho fundamental al acceso a la justicia mediante la orientación institucional adecuada. Así, se mantiene la coherencia en la aplicación del procedimiento constitucional y se protege la correcta administración judicial.