Contexto y tribunal competente

La decisión fue adoptada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A, de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en ejercicio de sus funciones como juez de segunda instancia en un proceso contencioso administrativo. El caso está relacionado con una demanda presentada por una empresa contratista contra el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en la cual se cuestionaron dos resoluciones administrativas que declararon la caducidad de un contrato de consultoría y obra suscrito en 2009.

Antecedentes del caso

El conflicto se originó por la nulidad de las Resoluciones 3765 y 4034 de 2011, mediante las cuales el IDU declaró la caducidad del contrato No. 068 de noviembre de 2009. La empresa demandante solicitó, además, una indemnización por los perjuicios ocasionados. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda mediante sentencia del 28 de julio de 2016.

Consideraciones y alcance de la providencia

Al encontrarse el proceso en etapa de segunda instancia, el Consejo de Estado, en ejercicio del control de legalidad previsto en el artículo 207 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), consideró necesario vincular al proceso a las demás empresas integrantes del consorcio relacionado con el contrato objeto de controversia. Esta decisión responde a que el resultado del proceso podría generar efectos jurídicos directos sobre dichos sujetos. Para garantizar el derecho de contradicción y las demás garantías del debido proceso, se requirió a la empresa demandante para que, en un plazo de cinco días, suministrara las direcciones físicas y electrónicas de las cuatro empresas mencionadas, junto con sus...