Contexto y tribunal

La providencia corresponde a una sentencia de la Sección Tercera – Subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, proferida el 19 de agosto de 2025. La decisión resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia emitida el 9 de mayo de 2024 por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Antecedentes del caso

El conflicto judicial surge a partir de un contrato de obra celebrado en 2009 entre el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y un consorcio encargado de la construcción de andenes en Bogotá. El contrato tenía un plazo inicial de 12 meses y un valor superior a diez mil millones de pesos. La obra inició en noviembre de 2009 y terminó en mayo de 2011, fecha en que se firmó el acta de terminación. Posteriormente, el IDU identificó incumplimientos contractuales y declaró la caducidad del contrato, imponiendo cláusulas penales y haciendo efectivas las pólizas de cumplimiento expedidas por una aseguradora. La aseguradora efectuó el pago correspondiente, pero luego demandó la nulidad de los actos administrativos que afectaron la póliza, argumentando que dichos actos fueron emitidos después de que operara la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguros y la caducidad de la facultad sancionatoria. Además, alegó que la cláusula penal no fue aplicada de forma proporcional. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la aseguradora, considerando que las normas de prescripción del contrato de seguros no eran aplicables en la contratación estatal y que la facultad sancionatoria y...