Contexto y competencia del tribunal

La providencia objeto de análisis fue emitida por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en su calidad de tribunal de segunda instancia. La decisión se enmarca dentro del trámite de un proceso contencioso administrativo relacionado con la nulidad electoral, en el que se revisaron recursos de apelación contra un fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La Sala Quinta es competente para realizar correcciones de oficio en las providencias que dicta, conforme al artículo 125 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) y el artículo 286 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso). Estas normas facultan al juez para corregir errores materiales o de forma en cualquier momento, garantizando la adecuada claridad y precisión de las decisiones judiciales.

Antecedentes del caso y error material corregido

El proceso en cuestión inició con la impugnación de un decreto administrativo mediante acciones acumuladas presentadas por particulares, quienes solicitaron la nulidad del Decreto 1881 del 7 de noviembre de 2023. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a dichas pretensiones. Sin embargo, en segunda instancia, la Sección Quinta del Consejo de Estado revocó esa decisión y negó la nulidad solicitada. Al notificarse la sentencia de segunda instancia, se detectó un error material en la providencia: la fecha consignada fue el 21 de agosto de 2025, cuando en realidad la decisión se adoptó en la sala el 28 de agosto de 2025. La notificación electrónica se realizó el 28 de agosto a las 8:00 p.m., lo que evidenció la inconsistencia en la fecha señalada.

Fundamentos jurídicos de la corrección

La corrección de oficio se fundamentó principalmente en el artículo 286 del Código General del Proceso, que establece la posibilidad de subsanar errores aritméticos, omisiones o cambios de palabras en las decisiones judiciales. Este mecanismo busca preservar la exactitud y autenticidad de las providencias, evitando confusiones o incertidumbres sobre aspectos formales que no afectan el fondo del asunto. En este caso, la Sala concluyó que la fecha errónea constituía un error material susceptible de corrección de oficio, dado que no alteraba el sentido ni el contenido de la sentencia, sino que afectaba únicamente un dato formal. La referida corrección se realizó para precisar que la providencia fue adoptada el 28 de agosto de 2025, conforme al aviso oficial de sala y soportes de notificación.

Decisión adoptada

En consecuencia, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, mediante auto, corrigió de oficio la fecha consignada en la sentencia, ajustándola a la fecha real de adopción de la decisión: el 28 de agosto de 2025. La providencia fue notificada y ha quedado disponible en la plataforma oficial del Consejo de Estado para consulta pública. Esta actuación reafirma la facultad de los tribunales para garantizar la corrección formal de sus providencias, contribuyendo a la seguridad jurídica y transparencia en los procesos judiciales. Para consultar la providencia oficial puede accederse al sistema de información del Consejo de Estado mediante el número de radicación correspondiente.