Providencia dictada por el Consejo de Estado en segunda instancia

El pasado 14 de julio de 2025, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado emitió sentencia en el recurso de apelación interpuesto por el consorcio contratista y la aseguradora frente a una decisión previa del Tribunal Administrativo del Magdalena. Se trató de un proceso de controversias contractuales en el marco de la ejecución del contrato de obra No. 08-6-160204-2012, suscrito entre la Policía Nacional y el consorcio demandante para la construcción y adecuación de un bloque de apartamentos y obras anexas en el Centro Vacacional Centenario de Santa Marta.

Antecedentes fácticos y procesales

El contrato celebrado bajo la modalidad de llave en mano tenía inicialmente un plazo de ejecución de poco menos de cuatro meses. Durante su ejecución, se presentaron diversas dificultades imprevistas, entre ellas la necesidad de construir un “box coulvert” para permitir el acceso al predio, retrasos en la obtención de licencias y dificultades con la prestación de servicios públicos. Estas circunstancias motivaron cuatro modificaciones contractuales que ampliaron el plazo y modificaron el objeto del contrato. A pesar de estas prórrogas y ajustes, para el 31 de diciembre de 2013 la obra no superaba el 70% de avance. La Policía Nacional negó una nueva solicitud de prórroga presentada por el consorcio y, en consecuencia, declaró el incumplimiento parcial del contrato e hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada. Posteriormente, liquidó unilateralmente el contrato, imponiendo al consorcio obligaciones económicas por concepto de anticipo no amortizado, intereses, cláusula penal y perjuicios adicionales. El consorcio y la aseguradora demandaron...