Providencia judicial en segunda instancia sobre responsabilidad patrimonial

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección B, emitió el 19 de agosto de 2025 una sentencia en el proceso de reparación directa contra el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER). La decisión confirmó la negativa a indemnizar por el daño ocasionado al adjudicar como predio baldío un inmueble que era de propiedad privada, ubicado en el departamento del Magdalena.

Antecedentes fácticos y procesales

Los demandantes, herederos del inmueble, presentaron demanda de reparación directa argumentando que el INCODER adjudicó ilegalmente un predio privado como baldío a un tercero, quien, según la entidad, poseía legítimamente el terreno. La adjudicación fue realizada inicialmente por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) en 1992. Sin embargo, en 2012 el INCODER revocó dicha adjudicación tras comprobar que el inmueble correspondía al predio identificado como de propiedad de los demandantes. En 2015 se interpuso la demanda para reclamar perjuicios materiales y morales equivalentes al valor del inmueble. En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Magdalena negó las pretensiones, argumentando que aunque se configuró la falla en el servicio por la adjudicación ilegal, la causa eficiente del daño fue atribuible a la ocupación previa del inmueble por parte del adjudicatario y a la inactividad de los demandantes que no ejercieron las acciones legales para recuperar el bien durante más de 18 años.

Consideraciones jurídicas principales

La Sala del Consejo de Estado analizó los elementos de responsabilidad patrimonial extracontractual. Reconoció que el acto administrativo de adjudicación fue ilegal por tratarse de un bien privado, por lo cual existió un...