Contexto y tribunal competente

La providencia fue proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en segunda instancia, en apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño dictada en primera instancia. El caso se originó en un proceso ejecutivo derivado de un acuerdo conciliatorio aprobado judicialmente dentro de un proceso de reparación directa contra la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial.

Antecedentes fácticos y procesales

En enero de 2016, el Tribunal Administrativo de Nariño condenó a la Fiscalía General y a la Rama Judicial por privación injusta de la libertad de un ciudadano, ordenando el pago de una suma por perjuicios morales a él y su núcleo familiar. En mayo del mismo año, las partes celebraron audiencia de conciliación en la que se acordó el pago de una suma total cercana a 39 millones de pesos, la cual fue aprobada por el tribunal en junio de 2016, adquiriendo fuerza de cosa juzgada y mérito ejecutivo. Posteriormente, la parte demandante inició un proceso ejecutivo en 2022 para exigir el pago de la suma pactada, más los intereses legales y moratorios causados. La Fiscalía y la Rama Judicial se opusieron, alegando prescripción, falta de exigibilidad de la obligación y pérdida del derecho a los intereses moratorios por no haberse cumplido ciertos requisitos formales, incluyendo la no presentación oportuna de la solicitud de pago ante las entidades responsables. El Tribunal Administrativo de Nariño libró mandamiento de pago parcial y negó las excepciones planteadas, así como el incidente de pérdida de intereses formulado por la Rama Judicial. En consecuencia, ordenó continuar...