Contexto y tribunal competente

La providencia fue proferida por la Subsección C de la Sección Tercera de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en segunda instancia, que revisó los recursos de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. El caso se centra en la legalidad de actos administrativos sancionatorios relacionados con un contrato de concesión suscrito entre el ICBF y un contratista para la producción y distribución nacional de bienestarina.

Antecedentes fácticos y procesales

El contrato celebrado en 2007 otorgó la concesión para operar dos plantas productoras de bienestarina, un suplemento alimenticio destinado principalmente a niños y adultos mayores. En 2010, la Contraloría General de la República advirtió sobre la presencia de ácido sórbico, un conservante no autorizado, en muestras del producto, lo que fue confirmado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). El ICBF citó al contratista a una audiencia de garantía de debido proceso en enero de 2011 para que rindiera descargos sobre el presunto incumplimiento contractual. Durante esta audiencia, el contratista alegó violaciones procedimentales, en especial por la falta de claridad en los cargos y la omisión de una segunda audiencia prevista originalmente para la imposición de sanciones, lo que generó incertidumbre sobre el alcance del procedimiento. Sin embargo, sin realizar dicha audiencia adicional, el ICBF impuso una multa basada principalmente en el primer análisis del INVIMA, que detectó ácido sórbico en la bienestarina. Posteriormente, un segundo análisis del mismo instituto no confirmó la presencia del conservante, pero la administración mantuvo la sanción argumentando la posible degradación del ácido sórbico con el tiempo....