Contexto y referencia normativa

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural anunciaría, en 2025, un proyecto de decreto que buscaría adicionar un nuevo título al Decreto 1071 de 2015, conocido como el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural. Este proyecto se enmarcaría en el desarrollo del artículo 359 de la Ley 2294 de 2023, que establece lineamientos para la identificación, caracterización, reconocimiento y formalización de territorialidades campesinas, incluyendo las relacionadas con los ecosistemas acuáticos agroalimentarios. El decreto modificaría y complementaría la reglamentación vigente, en línea con las políticas públicas y mandatos constitucionales que protegen los derechos del campesinado, la seguridad alimentaria, la conservación ambiental y la gestión sostenible de los recursos naturales, especialmente en ecosistemas hídricos continentales.

Tema principal y propósito del proyecto

El proyecto de decreto tendría por objeto reglamentar la constitución, reconocimiento y fortalecimiento de los Ecosistemas Acuáticos Agroalimentarios (EAA) como una forma de territorialidad campesina vinculada a la pesca artesanal comercial y de subsistencia. Estos ecosistemas incluirían las áreas del territorio continental hasta la línea de marea alta promedio nacional, donde habitan comunidades campesinas que desarrollan modos de vida basados en la pesca artesanal y la agricultura campesina, familiar y comunitaria. El propósito principal sería garantizar los derechos territoriales, proteger las prácticas culturales tradicionales, promover la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, y fortalecer la seguridad alimentaria y la economía campesina en estas zonas. Además, el proyecto buscaría reducir la concentración y acaparamiento de tierras y aguas, promover la equidad de género, y fomentar la participación comunitaria en la gobernanza y ordenamiento territorial.

Modificaciones y medidas específicas propuestas

Entre las medidas relevantes que plantearía el proyecto de decreto se encontrarían:

• La definición y regulación de los Ecosistemas Acuáticos Agroalimentarios como una territorialidad campesina específica, sin otorgar derechos de propiedad sobre aguas ni bienes de uso público.
• La priorización por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) de programas de acceso, dotación y regularización de tierras para las poblaciones campesinas vinculadas a estos ecosistemas.
• La elaboración obligatoria de Planes de Desarrollo Comunitario Sostenible (PDCS) para cada EAA, con un contenido detallado que incluiría aspectos sociales, productivos, ambientales y culturales, y que sería elaborado con apoyo técnico y financiero de diversas entidades públicas.
• Un trámite administrativo simplificado para la constitución, reconocimiento, ampliación y formalización de los EAA, que incluiría visitas técnicas, auditorías públicas y participación de las comunidades y organizaciones campesinas y pesqueras.
• La inclusión de mecanismos para la resolución de conflictos territoriales, especialmente cuando existieran traslapes con otras formas de territorialidad campesina o con territorios étnicos.
• La participación coordinada de entidades nacionales como la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre otras, en la formulación, financiación, implementación y seguimiento de los planes y proyectos relacionados con los EAA.
• El establecimiento de mecanismos comunitarios de seguimiento y evaluación para fortalecer la gobernanza interna y la relación con otras instancias territoriales.

Participación de actores clave

El proyecto de decreto promovería la participación activa de organizaciones campesinas y pesqueras representativas en la gestión de los Ecosistemas Acuáticos Agroalimentarios. Además, involucraría a diversas entidades públicas del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, como la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, así como a las autoridades ambientales regionales y nacionales. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural lideraría el proceso de coordinación institucional y concertación con las comunidades y organizaciones, mientras que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible aportaría en los aspectos ambientales y de conservación.

Consulta pública y participación ciudadana

El proyecto de decreto habría sido publicado para consulta pública en dos ocasiones, primero entre diciembre de 2024 y enero de 2025, y posteriormente en septiembre de 2025, a través del Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP) del Departamento Nacional de Planeación y las páginas web oficiales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Este proceso permitiría a ciudadanos, grupos de interés y organizaciones presentar opiniones, sugerencias o propuestas alternativas para enriquecer el contenido normativo antes de su posible adopción definitiva. --- Este proyecto de decreto representaría un avance significativo en la regulación y formalización de las territorialidades campesinas vinculadas a los ecosistemas acuáticos, buscando equilibrar la protección ambiental con la garantía de derechos socioeconómicos y culturales de las comunidades campesinas y pesqueras en Colombia. Se espera que su implementación contribuya a fortalecer la gestión sostenible de los recursos naturales, promover la inclusión social y mejorar la calidad de vida de las comunidades involucradas, consolidando así un modelo de desarrollo rural integral y sostenible.