Providencia judicial en segunda instancia

El Consejo de Estado, en su Sección Cuarta, emitió sentencia de segunda instancia el 4 de septiembre de 2025, confirmando la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico del 13 de septiembre de 2024. La providencia resuelve el recurso de apelación interpuesto por la DIAN contra una sentencia que declaró la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión y de la Resolución que resolvió los recursos de reconsideración relacionados con la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2013 presentada por un consorcio minero, y que impuso sanciones al representante legal de la sociedad.

Antecedentes fácticos y procesales

El consorcio minero presentó su declaración tributaria en abril de 2014, con un saldo a pagar superior a los 43 mil millones de pesos. En junio de 2016, la DIAN formuló un requerimiento especial proponiendo desconocer costos por compensaciones y servicios de mantenimiento, lo que incrementaba el impuesto a pagar y generaba sanciones por inexactitud, además de multas al representante legal. La DIAN sustentó el rechazo de dichos costos en la presunta improcedencia de las compensaciones como deducibles y en irregularidades en la distribución contable de los costos por servicios de mantenimiento, además de considerar que la inspección tributaria suspendió oportunamente el término para notificar el requerimiento especial. El consorcio y su representante legal demandaron la nulidad de los actos administrativos por violación al debido proceso y derecho de defensa, alegando que la inspección tributaria no cumplió con los requisitos legales para suspender el término de firmeza de la declaración, y defendieron la procedencia de los costos declarados.

Consideraciones de la providencia

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