Contexto y tribunal competente

La providencia fue proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en ejercicio de su competencia para resolver recursos de apelación contra autos que niegan el decreto o la práctica de pruebas en procesos de primera instancia. El caso corresponde a un proceso acumulado de pérdida de investidura contra un Representante a la Cámara por Bogotá, para el periodo constitucional 2018-2022, alegando la causal de indebida destinación de dineros públicos establecida en el numeral 4° del artículo 183 de la Constitución Política.

Antecedentes fácticos y procesales

La solicitud inicial de pérdida de investidura planteó que, durante noviembre de 2020 y enero de 2021, funcionarios vinculados a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del Representante habrían cumplido labores distintas a las congresuales, específicamente en un establecimiento comercial dedicado a la venta de frutas y verduras. Posteriormente, se acumularon otras solicitudes similares con base en los mismos hechos y causal jurídica. En primera instancia, la Sala Especial de Decisión No. 12 decretó pruebas de oficio, entre ellas:

• Solicitud a la Cámara de Representantes para certificar la asignación de vehículo oficial al Representante y la identidad del conductor oficial.
• Requerimiento a la Cámara de Comercio de Bogotá para informar sobre establecimientos de comercio inscritos a nombre del Representante.
• Informe sobre funciones certificadas a un asistente de la UTL en el periodo señalado.

Posteriormente, ciertos demandantes solicitaron pruebas adicionales para contraprobar las decretadas de oficio, entre ellas documentos, fotografías, videos, oficios a entidades como la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Policía Nacional, y testimonios relacionados con el uso del vehículo...