Contexto y tribunal que profiere la providencia

La providencia fue emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección Segunda B, del Consejo de Estado, en Bogotá. Se trata de un auto que avoca conocimiento y remite el expediente para su trámite posterior. La decisión responde a cambios en la composición de la subsección, lo que motivó la aplicación del artículo 116 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que regula la actuación de conjueces y magistrados en procesos en curso.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se originó a partir de una demanda presentada contra la Nación, específicamente contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Fiscalía General de la Nación. La demanda cuestiona decretos expedidos entre 1993 y 2017 que fijaron el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la Fiscalía, así como una resolución particular de septiembre de 2018. El solicitante busca la nulidad parcial de estos actos y, a título de restablecimiento del derecho, reclama el pago de la prima especial de servicios establecida en la Ley 4ª de 1992, junto con la reliquidación de otros factores salariales. En marzo de 2021, mediante un auto, se escindió la demanda: se admitió la nulidad contra los decretos de salarios y prestaciones, y se remitieron las pretensiones relacionadas con la resolución y el restablecimiento del derecho al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Consideraciones jurídicas y fundamentos de la decisión

El Consejo de Estado analizó que el interés del demandante no es discutir abstractamente...