Contexto y antecedentes procesales

El Tribunal Administrativo del Cauca emitió sentencia el 8 de mayo de 2025, en la que se ampararon los derechos colectivos al medio ambiente sano, equilibrio ecológico y protección de áreas de especial importancia ecológica para la comunidad vecina del Humedal San Antonio de Padua, ubicado en Popayán. La decisión se fundamentó en el deterioro progresivo del ecosistema atribuido a actividades como la presencia de ganado, asentamientos informales, consumo y tráfico de sustancias psicoactivas, disposición inadecuada de residuos sólidos, vertimiento de aguas residuales y deficiente gestión ambiental. El tribunal ordenó a la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) y al municipio de Popayán, entre otras medidas, la delimitación y aislamiento del humedal, campañas de sensibilización ambiental, instalación de vallas protectoras, limpieza del área, control de asentamientos ilegales, y vigilancia urbanística, así como la conformación de un comité de verificación integrado por autoridades locales y ambientales. También se impartieron instrucciones para el respeto de la dignidad humana en el proceso de restablecimiento de derechos frente a ocupantes informales. La Alcaldía y la CRC, inconformes con la sentencia, presentaron recursos de apelación oportunamente ante el Consejo de Estado, que es la instancia superior encargada de revisar las decisiones en materia contencioso administrativa.

Consideraciones del Consejo de Estado en segunda instancia

El Consejo de Estado analizó la oportunidad y procedencia de los recursos de apelación interpuestos, concluyendo que fueron presentados dentro de los términos legales establecidos en el Código General del Proceso (artículo 322), la Ley 472 de 1998 y el Decreto 806 de 2020, por lo que procedió a admitirlos. Respecto a la solicitud de la CRC para decretar nuevo testimonio del funcionario encargado de la gestión ambiental, el Consejo recordó que dicha prueba ya fue solicitada, decretada y practicada en primera instancia, conforme al artículo 327 del Código General del Proceso y la Ley 472 de 1998. La prueba consistió en la declaración técnica sobre las acciones adelantadas para la conservación y protección del humedal y las condiciones actuales del ecosistema, lo cual quedó debidamente registrado en acta. Por tanto, no se consideró procedente admitir pruebas reiteradas sin motivo nuevo que las justifique, y negó la solicitud de nuevo testimonio. Finalmente, en aplicación del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 modificado por la Ley 2080 de 2021, el Consejo prescindió de correr traslado para alegar de conclusión, ordenando que una vez notificado el auto y quedando firme, se remita el expediente al despacho para proferir la sentencia definitiva en segunda instancia.

Importancia jurídica y procedimiento

Este auto ejemplifica la aplicación estricta de las normas procesales en materia ambiental y contencioso administrativa, en particular sobre la admisión y práctica de pruebas en segunda instancia. Destaca la protección judicial efectiva de derechos colectivos al medio ambiente sano y la responsabilidad de las autoridades territoriales y ambientales en la conservación de ecosistemas urbanos de especial importancia ecológica. Asimismo, el pronunciamiento reafirma la importancia de respetar los términos legales para la interposición de recursos y la prevención de prácticas procesales dilatorias, garantizando un trámite ágil y eficaz para la tutela ambiental. El expediente continuará su trámite para dictar sentencia definitiva, que definirá el alcance y cumplimiento de las medidas ordenadas para la protección del Humedal San Antonio de Padua, un ecosistema vital para la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida en Popayán. De esta manera, se espera que las acciones judiciales contribuyan a preservar este importante espacio natural y a fortalecer la participación ciudadana en la gestión ambiental local.