Contexto y antecedentes procesales

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado conoció un auto interlocutorio relacionado con una acción popular interpuesta contra las Corporaciones Autónomas Regionales del Magdalena y del Cesar, por presunta vulneración de derechos colectivos relacionados con la protección del medio ambiente, el patrimonio público, la moral administrativa y el equilibrio ecológico. La controversia se originó a raíz de la desviación del cauce natural del río Ariguaní y sus consecuencias ambientales. En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Cesar emitió sentencia el 20 de febrero de 2025, declarando no probadas ciertas excepciones planteadas por las entidades demandadas y amparando los derechos colectivos al medio ambiente sano, al equilibrio ecológico y al uso racional de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. La sentencia ordenó a las Corporaciones Autónomas Regionales realizar estudios técnicos y adoptar medidas para restablecer el cauce original del río, incluyendo la restauración ecológica y la reforestación de las riberas afectadas. Asimismo, dispuso la conformación de un Comité de verificación con representantes institucionales y locales para supervisar el cumplimiento de la sentencia. Posteriormente, las Corporaciones Autónomas Regionales del Magdalena y del Cesar presentaron recursos de apelación contra dicha sentencia, los cuales fueron admitidos por el Consejo de Estado mediante el auto interlocutorio que se analiza.

Consideraciones del Consejo de Estado

El auto interlocutorio del Consejo de Estado reconoce que los recursos de apelación fueron presentados dentro de los términos legales establecidos, conforme al artículo 322 del Código General del Proceso (CGP), el artículo 37 de la Ley 472 de 1998 y el artículo 8 del Decreto 806...