Providencia y tribunal competente

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, mediante auto fechado el primero de septiembre de 2025, confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección B de la Sección Tercera, que negó la solicitud de suspensión provisional de actos administrativos expedidos por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). La providencia responde al recurso de apelación interpuesto por la demandante en un proceso de controversias contractuales bajo la Ley 1437 de 2011.

Antecedentes fácticos y procesales

La demandante, una sociedad contratista, presentó demanda contra el IDU en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, reclamando principalmente el reconocimiento de una mayor permanencia en la etapa de consultoría del contrato de interventoría 1327 de 2018, así como la nulidad de dos resoluciones sancionatorias expedidas por el Instituto. El contrato inicialmente establecía un plazo de 26 meses, dividido entre consultoría y construcción, pero la etapa de consultoría se prolongó más allá del tiempo pactado, generando costos adicionales. El IDU declaró el incumplimiento definitivo del contrato de interventoría y aplicó una cláusula penal pecuniaria, basándose en tres cargos: demoras en emitir observaciones a los productos de la consultoría, requerimientos tardíos al contratista sin utilizar los instrumentos contractuales previstos, y falta de recomendaciones oportunas para garantizar el desarrollo normal del contrato de obra. La demandante impugnó estas decisiones y solicitó la suspensión provisional de sus efectos, argumentando violaciones constitucionales y legales, así como la inexistencia del perjuicio alegado, acreditado mediante un dictamen pericial.

Consideraciones principales de la providencia

El Tribunal negó la medida cautelar, decisión que fue ahora confirmada por...