Contexto y alcance de la decisión judicial

La Sala Cuarta de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Huila que negó las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho solicitadas por una sociedad comercial en relación con la liquidación oficial de revisión del impuesto sobre la renta para el año gravable 2015. La decisión se refiere a la legalidad de los actos administrativos emitidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y analiza la firmeza de la declaración privada, la notificación del requerimiento especial y la valoración probatoria de una adición de ingresos cuestionada.

Antecedentes fácticos y procesales

La sociedad demandante presentó inicialmente su declaración de renta por el año 2015, con ingresos declarados por aproximadamente $704 millones, y posteriormente corrigió la declaración en 2018. La DIAN, tras efectuar un requerimiento especial y una inspección tributaria, profirió una liquidación oficial de revisión que adicionó ingresos por cerca de $254 millones, elevando la base gravable y aplicando sanciones por inexactitud. La sociedad impugnó estas actuaciones alegando prescripción del término para que la autoridad tributaria modificara la liquidación privada, irregularidades en la notificación de la liquidación oficial y la improcedencia de la adición de ingresos basada en una factura anulada contablemente.

Consideraciones principales del Consejo de Estado

La Sala confirmó que el requerimiento especial fue notificado dentro del plazo legal, teniendo en cuenta la suspensión del término de notificación debido a la práctica de la inspección tributaria, conforme a los artículos 705 y 706 del Estatuto Tributario (ET). Se destacó que la suspensión del término para notificar el requerimiento especial depende de la existencia real de la inspección, la cual fue debidamente adelantada dentro del período legal, por lo que no operó la firmeza de la declaración privada. Respecto a la notificación de la liquidación oficial, el Consejo resaltó la prevalencia de la dirección procesal informada por la contribuyente durante el procedimiento, conforme al artículo 564 del ET y la Resolución 000038 de 2020 de la DIAN, que establecen la obligatoriedad de notificar en la dirección procesal física o electrónica reportada. En este caso, la liquidación fue notificada correctamente en la dirección procesal indicada por la sociedad, siendo desestimadas las alegaciones de notificación indebida. En relación con la adición de ingresos por aproximadamente $233 millones, la Sala explicó que las declaraciones tributarias gozan de presunción de veracidad según el artículo 746 del ET, pero ésta admite prueba en contrario. La DIAN, en ejercicio de sus facultades de fiscalización e investigación, aportó elementos probatorios en el proceso que desvirtuaron la alegación de la sociedad sobre la anulación de la factura objeto de discusión. La contribuyente no aportó documentación contable suficiente para sustentar la supuesta anulación, por lo que procedió la adición de ingresos y la correspondiente sanción por inexactitud conforme al artículo 647 del ET. Finalmente, el Consejo de Estado confirmó la sentencia apelada, negando la nulidad solicitada y sin condena en costas, señalando que no se acreditó la violación de derechos procesales ni la ilegalidad en los actos administrativos impugnados. Esta providencia reafirma la jurisprudencia en materia tributaria sobre la firmeza de las declaraciones, la importancia de la dirección procesal para notificaciones y la carga probatoria en la fiscalización tributaria, garantizando el respeto al debido proceso y la legalidad en la actuación administrativa.

CONTACTO

NUESTRO GRUPO

Consejo de Estado confirma legalidad en liquidación oficial de renta 2015 y validez de notificaciones tributarias

Contexto y alcance de la decisión judicial

Más noticias sobre Derecho Tributario