Providencia en segunda instancia del Consejo de Estado

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección A, del Consejo de Estado, en calidad de instancia de apelación, analizó el recurso interpuesto contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que se negó a librar un mandamiento de pago solicitado por un particular contra el Departamento del Magdalena. Esta negativa se basó en que la entidad territorial se encontraba en un proceso de reestructuración de pasivos conforme a la Ley 550 de 1999, procedimiento que suspende y limita los procesos ejecutivos durante su vigencia.

Antecedentes del caso

El demandante solicitó el mandamiento de pago por una condena judicial ejecutoriada en julio de 2022, que involucra el pago de capital, intereses moratorios y costas procesales. El Tribunal Administrativo del Magdalena, en noviembre de 2024, denegó dicha solicitud argumentando que el Departamento estaba inmerso en un acuerdo de reestructuración de pasivos, vigente desde el año 2001 con modificaciones posteriores en 2009, y que conforme al numeral 13 del artículo 58 de la Ley 550 de 1999, no era procedente iniciar nuevos procesos ejecutivos contra entidades sometidas a este régimen. El recurrente argumentó que no existía evidencia actual del proceso de reestructuración, y que incluso si existiera, la deuda objeto de ejecución surgió posterior a la celebración del acuerdo, por lo que no debía estar sujeta a las restricciones de la Ley 550.

Consideraciones jurídicas de la Sala de lo Contencioso Administrativo

La Sala examinó el momento en que surgió la deuda reclamada y su relación con el acuerdo de reestructuración. Según la normativa, en especial...