Providencia en segunda instancia del Consejo de Estado

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección A, del Consejo de Estado, en calidad de instancia de apelación, analizó el recurso interpuesto contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que se negó a librar un mandamiento de pago solicitado por un particular contra el Departamento del Magdalena. Esta negativa se basó en que la entidad territorial se encontraba en un proceso de reestructuración de pasivos conforme a la Ley 550 de 1999, procedimiento que suspende y limita los procesos ejecutivos durante su vigencia.

Antecedentes del caso

El demandante solicitó el mandamiento de pago por una condena judicial ejecutoriada en julio de 2022, que involucra el pago de capital, intereses moratorios y costas procesales. El Tribunal Administrativo del Magdalena, en noviembre de 2024, denegó dicha solicitud argumentando que el Departamento estaba inmerso en un acuerdo de reestructuración de pasivos, vigente desde el año 2001 con modificaciones posteriores en 2009, y que conforme al numeral 13 del artículo 58 de la Ley 550 de 1999, no era procedente iniciar nuevos procesos ejecutivos contra entidades sometidas a este régimen. El recurrente argumentó que no existía evidencia actual del proceso de reestructuración, y que incluso si existiera, la deuda objeto de ejecución surgió posterior a la celebración del acuerdo, por lo que no debía estar sujeta a las restricciones de la Ley 550.

Consideraciones jurídicas de la Sala de lo Contencioso Administrativo

La Sala examinó el momento en que surgió la deuda reclamada y su relación con el acuerdo de reestructuración. Según la normativa, en especial el artículo 58 de la Ley 550 de 1999 y la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado, las restricciones para iniciar procesos ejecutivos aplican únicamente a las obligaciones contraídas antes de la negociación y suscripción del acuerdo de reestructuración. La Corte Constitucional declaró exequible el numeral 13 del artículo 58, que establece la suspensión de procesos ejecutivos y embargos durante la vigencia de un acuerdo, como una medida temporal para garantizar la viabilidad financiera de las entidades territoriales. Sin embargo, la Sala recordó que las obligaciones surgidas con posterioridad a la negociación deben atenderse bajo el régimen normal de la entidad y no están sujetas a las limitaciones del acuerdo de reestructuración. En este sentido, la deuda condenada en sentencia de 2022, ejecutoriada en agosto del mismo año, se generó después de la celebración y modificación del acuerdo del Departamento del Magdalena, vigente y en ejecución según certificación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Sala también aclaró que la disposición invocada por el Tribunal de instancia, el artículo 56 de la Ley 550, se refiere exclusivamente a obligaciones tributarias y no a la suspensión de procesos ejecutivos en general.

Conclusión de la Sala y efectos de la decisión

En virtud de lo anterior, la Sala revocó el auto del Tribunal Administrativo del Magdalena y ordenó que, previa verificación de los requisitos legales, se decida sobre la procedencia de librar el mandamiento de pago solicitado por el particular. Además, se dispuso que no procede condena en costas debido a la falta de litis trabada. Esta decisión reafirma la interpretación conforme a la cual las entidades territoriales sometidas a procesos de reestructuración de pasivos no pueden ser objeto de procesos ejecutivos por deudas anteriores al acuerdo, pero sí deben responder por obligaciones surgidas posteriormente bajo su actividad normal. La providencia fue adoptada en sesión del primero de septiembre de 2025 y puede ser consultada en la plataforma oficial del Consejo de Estado. Con esta resolución, se sientan precedentes importantes para la protección de los derechos crediticios y la correcta aplicación de la Ley 550 de 1999 en procesos de reestructuración de pasivos.

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Consejo de Estado revoca auto que negó mandamiento de pago al Departamento del Magdalena en proceso de reestructuración de pasivos

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