Contexto y tribunal de la decisión

La providencia corresponde a un auto emitido por la Sección Primera de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, dentro del trámite de apelación de una sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Valle de Cundinamarca. El proceso se originó a partir de una acción popular interpuesta por la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria de Pereira contra la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) y el Municipio de Dosquebradas, por presuntas vulneraciones a derechos colectivos vinculados con el medio ambiente.

Antecedentes fácticos y procesales

La acción popular se presentó debido a la desviación y socavación del cauce de la quebrada Frailes en el barrio San Rafael, con la ocupación irregular de la zona forestal protectora mediante asentamientos subnormales y la realización de intervenciones urbanísticas sin los estudios ambientales pertinentes. Estos hechos generaron riesgos y deterioro ambiental, afectando derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al equilibrio ecológico, a la conservación de especies y ecosistemas, así como a la seguridad y prevención de desastres técnicos. El Tribunal Administrativo del Valle de Cundinamarca, mediante sentencia de febrero de 2025, declaró la vulneración de dichos derechos colectivos por omisiones tanto del municipio como de la corporación regional. Se ordenaron múltiples medidas, incluyendo la actualización de la categorización ambiental de la quebrada, censos y estudios de los asentamientos subnormales, reubicación de familias en áreas de riesgo, control permanente de la quebrada para evitar nuevos asentamientos, recuperación de la cobertura vegetal y la realización de estudios especializados para mitigar la erosión y socavación. Además, se conformó un comité para...