Providencia emitida en segunda instancia por el Consejo de Estado

El auto fue proferido por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado, en el marco del recurso de apelación interpuesto contra una sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima que, en primera instancia, declaró vulnerados derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al mínimo vital, a la salud y a la salubridad pública de la población recluida en el Complejo Penitenciario y Carcelario de Ibagué (COIBA).

Antecedentes del proceso

El proceso tiene su origen en una acción popular liderada por la Personería Municipal de Ibagué, que denunció las condiciones precarias del servicio de acueducto y alcantarillado en COIBA. En 2019, el Tribunal Administrativo de Tolima reconoció la vulneración de derechos colectivos. Para fortalecer la decisión judicial, el Consejo de Estado decretó, en 2020, la práctica de un dictamen pericial que debía verificar si las condiciones del servicio de agua potable y alcantarillado eran óptimas y si el suministro era constante. Inicialmente, se solicitó a diversas entidades públicas y privadas la realización de esta prueba, pero ninguna respondió favorablemente. En 2024, se ofició a la Asociación Colombiana de Ingenieros Sanitarios y Ambientales (ACODAL) para que designara un experto, quien presentó la propuesta para la realización del dictamen pericial. El costo de la prueba fue fijado en aproximadamente treinta y cinco millones de pesos, con la solicitud al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos para financiarla. No obstante, el Fondo informó que no podía proceder al pago sin recibir la factura y certificación bancaria del perito, documentos imprescindibles...