Contexto y antecedentes procesales

El caso se originó a partir de una demanda laboral ordinaria promovida por un afiliado contra una administradora de fondos de pensiones y cesantías (AFP), con posterior vinculación pasiva del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La demanda solicitaba el reconocimiento y pago de una pensión especial de vejez anticipada, argumentando una deficiencia física que redujo en más del 50% su capacidad laboral, junto con intereses moratorios, indexación y costas procesales. En primera instancia, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito condenó a la AFP a reconocer y pagar la pensión anticipada en los términos establecidos en el artículo 9° de la Ley 797 de 2003, con todas las obligaciones accesorias correspondientes. Además, ordenó la consolidación de la historia laboral del demandante y la gestión ante el Ministerio de Hacienda para el reconocimiento del subsidio estatal para financiar la prestación. La AFP y el Ministerio de Hacienda apelaron la decisión. En segunda instancia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia modificó parcialmente la sentencia, estableciendo una fecha anterior para la exigibilidad de la pensión, ordenando que la AFP adelante los trámites para el reconocimiento de la garantía de pensión mínima a través de la Oficina de Bonos Pensionales, ajustando los montos y términos de indexación, y confirmando en lo demás el fallo de primera instancia.

Consideraciones de la Corte Suprema de Justicia

Contra la decisión de segunda instancia, la AFP y el Ministerio de Hacienda interpusieron recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. La Corte examinó la legitimación adjetiva de los apoderados...