Contexto y naturaleza de la decisión

La providencia en cuestión es un auto de inadmisión proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el marco de un recurso de casación interpuesto contra una sentencia de segunda instancia emitida por el Tribunal Superior de Cundinamarca. Dicha sentencia confirmó la condena de varios procesados como coautores del delito de violencia contra servidor público, previsto en el artículo 429 del Código Penal.

Antecedentes fácticos y procesales

Los hechos ocurrieron en octubre de 2012 cuando agentes de la Policía Nacional adscritos a un municipio de Cundinamarca atendieron un llamado ciudadano para intervenir una riña. Durante la intervención, varios individuos agredieron físicamente y amenazaron a los uniformados, incluyendo el uso de arma blanca contra uno de los patrulleros. En noviembre de 2019, la Fiscalía formuló imputación por los delitos de violencia contra servidor público y lesiones personales agravadas contra los acusados, quienes no aceptaron los cargos. El proceso avanzó mediante audiencia preparatoria y juicio oral, que culminó en marzo de 2023 con la condena de cuatro de los imputados y la absolución de otro. Posteriormente, en noviembre de 2023, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca confirmó en gran parte la sentencia, concediendo prisión domiciliaria a los condenados. Contra esta decisión, la defensa interpuso recurso extraordinario de casación.

Consideraciones jurídicas de la Sala de Casación Penal

El recurso de casación se fundamentó en la supuesta prescripción de la acción penal, alegando que la sentencia de segunda instancia se profirió después de vencido el término legal para ejercer la acción penal. El recurrente sostuvo que la acción penal prescribió al momento de la lectura pública del fallo, argumentando vulneración del debido proceso. La Sala recordó que la prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de imputación y que, conforme al artículo 83 del Código Penal y los artículos 179 y 189 del Código de Procedimiento Penal, el término para la prescripción se vuelve a contar desde la adopción de la decisión por el órgano colegiado, no desde la fecha de lectura pública. En el caso concreto, la imputación se formuló el 14 de noviembre de 2019 y la sentencia de segunda instancia se adoptó el 10 de noviembre de 2023, antes del vencimiento del término de prescripción. Por lo tanto, la acción penal no estaba extinguida y no existió vulneración del debido proceso. Además, la Sala enfatizó que para la admisión del recurso de casación es indispensable que el demandante precise la causal invocada, evidencie el error de fondo y su trascendencia en la validez del fallo, requisitos que no fueron cumplidos.

Decisión

En consecuencia, la Sala de Casación Penal inadmitió la demanda de casación por no cumplir con los requisitos legales para su procedencia y por carecer de fundamentos jurídicos que evidenciaran la prescripción alegada. Contra esta decisión procede el mecanismo de insistencia conforme a la jurisprudencia vigente. Esta resolución reafirma los criterios jurisprudenciales sobre el cómputo del término de prescripción en la acción penal y la importancia de respetar las garantías procesales en el ejercicio de los recursos extraordinarios, garantizando así la correcta administración de justicia y la protección de los derechos tanto de las víctimas como de los procesados.

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Inadmisión de demanda de casación por presunta prescripción en caso de violencia contra servidor público en Cundinamarca

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