Contexto y competencia judicial

La providencia en análisis fue emitida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el marco de un proceso que involucra presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. La controversia gira en torno a la definición de competencia territorial y funcional entre juzgados de dos distritos judiciales: Bogotá y Medellín. El caso inició con la investigación de actividades ilícitas relacionadas con un grupo criminal, que derivaron en la adquisición de bienes a nombre de personas vinculadas a los investigados. Diversas diligencias se realizaron en ambas ciudades, incluyendo allanamientos, capturas y audiencias preliminares, lo que generó discrepancias sobre cuál juez debía conocer del asunto.

Antecedentes y desarrollo procesal

El proceso comenzó con actuaciones en Medellín, donde se formularon imputaciones y se solicitaron medidas de aseguramiento contra los investigados. Posteriormente, se realizaron diligencias en Bogotá, incluyendo la extracción de información de dispositivos electrónicos, que motivaron una impugnación de competencia por parte de la defensa, alegando que la jurisdicción correcta era Medellín, dado que allí ocurrieron la mayoría de los hechos y capturas. El juzgado de Bogotá asumió competencia para ciertas diligencias excepcionales, pero ante el conflicto planteado remitió el asunto a la Corte Suprema para definir la competencia definitiva. Sin embargo, en la audiencia de acusación, el juzgado de conocimiento no dio trámite completo al incidente de impugnación: no corrió traslado a la Fiscalía para que se pronunciara, ni aclaró si existía o no conflicto de competencia, limitándose a denegar la solicitud de réplica de la Fiscalía y sin fijar su posición.

Consideraciones y decisión...