Contexto y tribunal competente

La providencia corresponde a un auto proferido en segunda instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que revisó el recurso de apelación interpuesto contra una decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial. La Corte es competente para resolver recursos en esta etapa conforme al artículo 32.3 de la Ley 906 de 2004, limitando su análisis a los aspectos impugnados y conexos.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se originó a partir de una denuncia presentada en agosto de 2019 por una ciudadana, quien reportó haber sido víctima de estafa en la venta de un vehículo automotor. El fiscal delegado encargado de la investigación ordenó la incautación y suspensión del poder dispositivo sobre dicho bien, medidas que, según la acusación, se habrían adoptado sin seguir los procedimientos legales correspondientes, como la solicitud de audiencia de control posterior o la conciliación previa requerida para delitos querellables. En junio de 2024, la Fiscalía formuló imputación contra el fiscal delegado por presunto prevaricato por omisión en concurso homogéneo, cargos que no fueron aceptados. En primera instancia, el Tribunal Superior reconoció como víctimas en el proceso tanto a la entidad fiscal como a la ciudadana denunciante. La defensa del fiscal apeló exclusivamente el reconocimiento de esta última calidad.

Consideraciones de la Corte Suprema

La Sala examinó si la defensa había cumplido con la carga argumentativa necesaria para revocar el reconocimiento de víctima. Según el artículo 132 de la Ley 906 de 2004, se considera víctima a toda persona natural o jurídica que haya sufrido un daño real, concreto y específico como...