Contexto y competencia

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoció en segunda instancia el recurso de apelación interpuesto contra un auto del Tribunal Superior de Manizales que, en audiencia preparatoria, inadmitió diversas pruebas solicitadas por la defensa de un juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada, municipio del departamento de Caldas. El proceso penal se sustancia por presuntos delitos de prevaricato por acción y por omisión relacionados con la concesión irregular de beneficios penitenciarios, en particular prisión domiciliaria bajo la condición de padre cabeza de familia, y la retención indebida de expedientes a pesar del cambio de lugar de reclusión de los condenados.

Antecedentes fácticos y procesales

Los hechos objeto de investigación se remontan a decisiones judiciales adoptadas por el juez acusado en el marco del control y vigilancia de penas impuestas a varias personas condenadas en diferentes procesos. Se le atribuye haber concedido beneficios legales pese a prohibiciones expresas y haber ejercido competencia de manera impropia al continuar la vigilancia de penas cuando otros jueces asumieron dicha función territorialmente. El proceso penal se inició por imputación formulada por la Fiscalía ante un juzgado de control de garantías, con posterior acusación radicada ante el Tribunal Superior de Manizales. Durante la audiencia preparatoria, la defensa solicitó la práctica de diversas pruebas, incluyendo decisiones administrativas y disciplinarias emitidas por el Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas y la Fiscalía en casos similares, así como testimonios de agentes del Ministerio Público y de una defensora pública que estuvieron involucrados en procedimientos relacionados.

Consideraciones jurídicas de la Corte...