Contexto y antecedentes procesales

El pronunciamiento judicial se da en el marco de un proceso penal iniciado por la incautación de un vehículo tipo tractomula, retenido en un puesto de control en Cundinamarca en mayo de 2015. El automotor estaba vinculado al transporte ilícito de hidrocarburos extraídos ilegalmente de la infraestructura de una empresa estatal, actividad atribuida a una organización criminal que operaba en varias regiones del país. La incautación fue legalizada por un juzgado municipal con función de control de garantías en Cundinamarca y el vehículo fue entregado provisionalmente a una tercera persona en Casanare. Posteriormente, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Bogotá profirió una sentencia condenatoria en enero de 2025 contra el procesado, dejando el vehículo a disposición de la Fiscalía para los trámites de extinción de dominio conforme a la Ley 1708 de 2014. Sin embargo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena y absolvió al procesado en mayo de 2025, absteniéndose de decidir sobre la entrega definitiva del vehículo y remitiendo esa competencia al juzgado municipal que había hecho la entrega provisional. La defensa solicitó la entrega definitiva del vehículo ante el juzgado municipal en Casanare, pero esta autoridad se declaró incompetente por razón territorial, indicando que el juzgado de Cundinamarca era competente. A su vez, el juzgado en Bogotá tampoco aceptó competencia, con base en la decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior. Esta situación generó una controversia sobre cuál juzgado debía conocer la solicitud, que fue remitida a la Corte Suprema de Justicia para su definición.

Consideraciones jurídicas de la Corte Suprema

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