Contexto y antecedentes del caso

El conflicto de competencia se originó en un proceso penal por presunta receptación, en el que la Fiscalía General de la Nación formuló imputación tras la captura de la procesada en la terminal de transporte de San Gil, con 14 teléfonos celulares, dos de los cuales tenían reporte de hurto en Barranquilla. La defensa y la Fiscalía solicitaron que el juzgamiento se realizara en Barranquilla, argumentando que el delito se consuma en el lugar donde se adquieren los bienes hurtados. Sin embargo, el Ministerio Público y la judicatura local señalaron que la competencia correspondía a San Gil, lugar donde ocurrió la captura con los bienes en posesión. Tras la audiencia de formulación de acusación en el Juzgado Primero Penal del Circuito de San Gil, donde surgió la controversia, el expediente fue remitido a la Corte Suprema de Justicia para definir la competencia, dada la discrepancia entre las partes y la existencia de distritos judiciales distintos.

Análisis jurídico y consideraciones de la Corte Suprema

Con base en el numeral 3 del artículo 32 y el artículo 54 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal), la Sala de Casación Penal intervino para resolver la impugnación de competencia. La Corte recordó que, conforme al artículo 29 de la Constitución Política, toda persona debe ser juzgada ante juez competente y conforme a leyes preexistentes, respetando el debido proceso. El mecanismo de definición de competencia busca determinar, de manera clara y definitiva, qué juzgado debe conocer la fase de juzgamiento. En caso de controversia, la resolución corresponde a la Corte, especialmente cuando...