Contexto y antecedentes procesales

El caso se originó a partir de la acusación contra una persona que, estando en detención domiciliaria en Cali, habría contratado a un abogado para obtener un informe sociofamiliar falso, supuestamente emitido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Este informe pretendía acreditar la condición de madre cabeza de hogar para favorecer sus intereses jurídicos. El documento fraudulento fue utilizado posteriormente en una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Cali, que remitió la competencia a la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto. En dicha acción de tutela se pretendía revertir una medida de aseguramiento carcelario impuesta por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pasto. Sin embargo, el documento falso indujo en error al tribunal, situación que fue detectada y corregida posteriormente. En la etapa preliminar, la Fiscalía de Pasto solicitó audiencias de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento, que fueron asignadas inicialmente a un juzgado penal municipal de Pasto. La defensa impugnó la competencia territorial, argumentando que los hechos se habrían cometido en Cali, donde se creó y presentó el documento falso. La Sala de Casación Penal resolvió inicialmente que la competencia para la fase preliminar correspondía a los juzgados penales municipales de Pasto, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos imputados. Con la presentación del escrito acusatorio, el conocimiento del proceso fue asignado al Juzgado 2° Penal del Circuito de Pasto. La defensa volvió a impugnar la competencia, basándose en el lugar donde se materializaron los hechos, mientras que el representante de la Fiscalía defendió la competencia de los jueces de...