Tribunal e instancia procesal

La providencia fue emitida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en calidad de tribunal de última instancia, en el trámite de definición de competencia, mecanismo previsto para resolver disputas sobre cuál autoridad judicial es competente para conocer una actuación procesal específica.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso se origina a partir de la detención de dos individuos en el departamento de Magdalena, quienes fueron sorprendidos en posesión de un revólver sin permiso legal para portarlo. La Fiscalía General de la Nación formuló imputación por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones ante un juzgado del circuito judicial de Ciénaga, Magdalena, donde se impuso medida de aseguramiento de detención preventiva. Posteriormente, la defensa solicitó la realización de una audiencia de libertad por vencimiento de términos, prevista en el artículo 317 numeral 5 del Código de Procedimiento Penal. Inicialmente, el Juzgado Promiscuo Municipal que recibió la solicitud trasladó el expediente a un juzgado penal municipal en otro municipio, argumentando que la investigación estaba a cargo de una Fiscalía Seccional ubicada allí y que el procesado se encontraba privado de la libertad en una cárcel diferente. El juzgado receptor, tras instalar la audiencia, se declaró incompetente para conocer del trámite y propuso conflicto negativo de competencia ante la Corte Suprema para que definiera la autoridad judicial competente.

Consideraciones de la Corte Suprema

La Sala de Casación Penal recordó que el trámite de definición de competencia está regulado en los artículos 32-3 y 54 de la Ley 906 de 2004 y que este mecanismo debe...