Contexto y tribunal competente

La providencia es un auto emitido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción de revisión radicada en segunda instancia. Esta acción fue presentada por la Procuraduría 13 Judicial Penal de Bogotá, en ejercicio de la causal cuarta del artículo 192 de la Ley 906 de 2004, en un proceso que revisa decisiones previas de la jurisdicción penal militar.

Antecedentes fácticos y procesales

Los hechos se remontan al 13 de mayo de 1992, cuando dos integrantes de un grupo guerrillero ingresaron a una finca ubicada en el municipio de La Uribe, Meta, y solicitaron alimentos a la propietaria y su familia, incluyendo menores de edad. Posteriormente, miembros de la Brigada Móvil N° 1 del Ejército Nacional irrumpieron en la vivienda y dispararon, resultando en la muerte de los guerrilleros y de una menor de 11 años, además de heridas a otras personas. Dos menores fueron retenidas e interrogadas durante 13 días en un batallón militar. El proceso judicial inició con una denuncia por homicidio y lesiones culposas contra miembros de la Brigada Móvil. Tras múltiples vicisitudes procesales, la Fiscalía Penal Militar decretó la cesación del procedimiento por prescripción para los oficiales involucrados, decisión confirmada por el Tribunal Superior Penal Militar en 2003. La acción de revisión busca corregir posibles injusticias materiales en estas decisiones.

Consideraciones de la Corte Suprema

La Sala recordó que la competencia para resolver sobre solicitudes probatorias en esta etapa se encuentra en el artículo 224 de la Ley 600 de 2000. Asimismo, subrayó que la práctica de pruebas en sede de revisión debe estar estrictamente relacionada con las causales invocadas, no siendo procedente reabrir debates sobre responsabilidad ni valorar hechos ya establecidos. Respecto a las pruebas solicitadas, la Sala aceptó la remisión del expediente original seguido en la jurisdicción penal militar, debido a que su orden y acceso son fundamentales para el análisis. Además, ordenó de oficio solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores que gestione ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la copia formal del expediente del caso, para verificar pronunciamientos adicionales. Por otro lado, la Corte negó la admisión de testimonios propuestos por la defensa de uno de los oficiales para acreditar su ausencia en el lugar de los hechos, considerando que tales pruebas intentan desvirtuar circunstancias de tiempo, modo y lugar, cuestiones no pertinentes en la revisión. Asimismo, rechazó la solicitud de certificación sobre permisos y traslados militares, al no estar vinculada con la causal de revisión.

Decisión final

En consecuencia, la Sala de Casación Penal:

Decretó la práctica de la prueba consistente en la remisión del expediente penal militar.
Ordenó de oficio la solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Negó las demás solicitudes probatorias presentadas tanto por el Ministerio Público como por la defensa.
Recordó que contra la decisión de negar pruebas procede el recurso de reposición.

Esta providencia refleja la rigurosidad con que la Corte Suprema aborda las acciones de revisión en procesos con implicaciones complejas, resguardando el equilibrio entre el derecho a la justicia y la estabilidad de las decisiones judiciales firmes, garantizando así un adecuado proceso judicial que respete los derechos de todas las partes involucradas.

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La Corte Suprema de Justicia decreta admisión y selección de pruebas en acción de revisión contra sentencias militares por homicidio y lesiones

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