Providencia judicial y contexto procesal

La decisión fue adoptada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de un recurso de casación planteado en segunda instancia contra la sentencia confirmatoria del Tribunal Superior. La sentencia original fue dictada por un juzgado penal del circuito y luego ratificada por el tribunal de apelación, condenando al acusado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia ilegal de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los hechos se remontan a junio de 2019, cuando, tras una denuncia ciudadana, el procesado fue registrado por la autoridad en Barranquilla. En ese momento se le encontró en su poder un arma de fuego tipo escopeta hechiza, sin permiso para portarla, y un cartucho sin percutir. Posteriormente, se formuló la imputación y se llevó a cabo el proceso penal con las audiencias correspondientes.

Argumentos de la demanda de casación

El recurso de casación fue interpuesto por la defensa del procesado, quien alegó una violación a los derechos de defensa y contradicción, fundamentos esenciales del debido proceso. En particular, se sostuvo que el acusado no fue debidamente citado ni escuchado en la audiencia de juicio oral, a pesar de que su testimonio estaba decretado como prueba. Según la defensa, la ausencia de notificación efectiva impidió que el procesado ejerciera materialmente su derecho a la defensa. Se cuestionó que la autoridad judicial consideró suficiente haber impartido una orden durante la audiencia preparatoria para que el acusado asistiera al juicio, sin que se materializara una citación formal. Además, se criticó que el defensor técnico no podría sustituir...