Contexto y antecedentes procesales

El caso se originó con la presentación de una acción de tutela en contra de un auto proferido por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Ibagué, en el que se impuso una sanción a una representante legal de una sociedad comercial en el marco de un incidente de desacato. La accionante argumentó que no fue debidamente notificada del trámite incidental y que, dada su edad avanzada y estado de salud, la medida de arresto en establecimiento penitenciario era injusta y desproporcionada. Inicialmente, la tutela fue asignada al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagué, que la rechazó por incompetencia y remitió el caso a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de la misma ciudad. Esta última admitió la tutela, pero declaró improcedente la queja por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, al considerar que no se habían agotado otras vías judiciales previas.

Consideraciones jurídicas de la Corte Suprema

En su análisis, la Corte Suprema de Justicia determinó que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior no tenía competencia funcional para conocer y decidir la tutela en primera instancia. Esta conclusión se fundamentó en lo establecido en el numeral 5º del artículo 1º del Decreto 333 de 2021, que dispone que las acciones de tutela dirigidas contra jueces o tribunales deben tramitarse inicialmente ante la autoridad superior funcional de la jurisdicción accionada. En el caso examinado, la tutela se dirigió exclusivamente contra el auto emitido por el Juzgado Cuarto Civil Municipal, sin que se imputara responsabilidad alguna al Juzgado Tercero Civil del Circuito, cuya vinculación fue considerada aparente y no justificada. Por ello, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagué carecía de competencia para resolver el recurso en primera instancia. La Corte recordó que, conforme al artículo 16 del Código General del Proceso y su aplicación a las acciones de tutela mediante el artículo 4º del Decreto 306 de 1992, la incompetencia funcional es una causal de nulidad absoluta e insubsanable. En consecuencia, cualquier decisión dictada por un juez sin competencia funcional resulta nula y debe ser declarada como tal de oficio.

Decisión y orden administrativa

En virtud de lo anterior, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia:

Declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso de tutela referido.
Ordenó la devolución del expediente al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagué para que resuelva la acción de tutela en primera instancia, conforme a la competencia establecida por la ley.
Dispuso comunicar la decisión a la Sala de origen, al solicitante de la tutela y a los involucrados en el proceso, con la mayor prontitud posible.

Esta providencia reafirma la importancia de respetar las reglas de competencia funcional en los procesos judiciales, especialmente en los recursos de tutela dirigidos contra autoridades jurisdiccionales, garantizando así la correcta administración de justicia y la protección efectiva de los derechos fundamentales. Con esta decisión, la Corte Suprema envía un mensaje claro sobre la observancia estricta de los procedimientos legales que rigen la tutela, fortaleciendo la seguridad jurídica y la confianza en el sistema judicial colombiano.

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Corte Suprema anula providencia por incompetencia en tutela contra sanción disciplinaria en Ibagué

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