Antecedentes del caso

La acción de tutela fue instaurada con el fin de proteger derechos fundamentales relacionados con la petición, la propiedad y la vida, debido a la presunta omisión de respuesta a derechos de petición presentados ante la Agencia Catastral de Cundinamarca. El conflicto surgió al determinar cuál juzgado civil municipal, si el de La Mesa (Cundinamarca) o el de Bogotá, tenía competencia para conocer la tutela. El juzgado civil municipal de La Mesa se abstuvo de asumir conocimiento del amparo, argumentando que la reclamación se relacionaba con un avalúo catastral de un predio ubicado en Anapoima, pero que el lugar donde se originaba la vulneración era Bogotá, por lo que la competencia debía recaer en los juzgados civiles municipales de Bogotá. Por su parte, el juzgado civil municipal de Bogotá manifestó que, dado que la accionante había indicado como lugar para recibir notificaciones una dirección ubicada en Anapoima, perteneciente al circuito judicial de La Mesa, y que dicho lugar era donde se producirían los efectos de la presunta vulneración, correspondía que este último juzgado asumiera el conocimiento de la tutela. Ante esta discrepancia, remitió el caso a la Corte Suprema para resolver el conflicto de competencia.

Consideraciones jurídicas de la Corte Suprema

La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema, en atención a su competencia para resolver conflictos negativos entre despachos judiciales de diferentes distritos judiciales, analizó la cuestión con base en la normativa aplicable, incluyendo el artículo 16 de la Ley 270 de 1996, y los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso, así como el...