Contexto y antecedentes del caso

El caso tiene origen en una acción de tutela presentada contra la Procuraduría General de la Nación, donde se reclamaba la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, dignidad humana, trabajo y el principio non bis in idem. La acción fue promovida por un ciudadano que alegaba haber sido sancionado penal y disciplinariamente por hechos relacionados con su vinculación a las Fuerzas Militares, señalando una supuesta vulneración del principio que impide ser sancionado dos veces por el mismo hecho. En primera instancia, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas negó el amparo, argumentando que las sanciones penales y disciplinarias tienen naturalezas distintas y, por tanto, no se vulneró el principio invocado. Frente a esta decisión, el accionante interpuso recurso de impugnación.

Competencia y nulidad: fundamentos de la decisión

Al analizar la impugnación, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia identificó una causal de nulidad relacionada con la falta de competencia de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior para conocer la tutela en primera instancia. La acción de tutela, aunque es un mecanismo preferente y de trámite sumario, debe respetar las reglas básicas del debido proceso, entre ellas la competencia del juez. En este sentido, la Corte recordó que la competencia para conocer tutelas se encuentra regulada en los artículos 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 333 de 2021, que establecen criterios de competencia preventiva, territorial y funcional según la autoridad demandada y el nivel judicial. En el caso concreto, la tutela fue presentada contra una entidad de orden nacional, la Procuraduría General de la Nación, lo que corresponde a la competencia de los jueces civiles del circuito, según el numeral 2 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021. Por lo tanto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca no tenía competencia para conocer la acción en primera instancia. La Corte Suprema aplicó el artículo 133 numeral 1 del Código General del Proceso, que establece la nulidad por falta de competencia, y el artículo 138 del mismo código, que dispone que, aunque lo actuado conserva validez, si ya se dictó sentencia, esta debe ser invalidada y el proceso enviado al juez competente.

Decisión adoptada

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia decretó:

• La nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio de la tutela por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas.
• La remisión inmediata del expediente a los jueces civiles del circuito de Girardot para su reparto y trámite conforme a la competencia legal.
• La comunicación de la decisión a las partes interesadas y la expedición de las notificaciones pertinentes por parte de la secretaría.

Esta providencia destaca la importancia del respeto estricto a las reglas de competencia en la tramitación de las acciones de tutela, incluso cuando se busca la protección rápida y efectiva de los derechos fundamentales. La decisión reitera que la competencia funcional y territorial es un requisito esencial para la validez de los procesos judiciales, garantizando así la seguridad jurídica y el correcto desarrollo del debido proceso en la administración de justicia.