Contexto y antecedentes del caso

El caso tiene origen en una acción de tutela presentada contra la Procuraduría General de la Nación, donde se reclamaba la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, dignidad humana, trabajo y el principio non bis in idem. La acción fue promovida por un ciudadano que alegaba haber sido sancionado penal y disciplinariamente por hechos relacionados con su vinculación a las Fuerzas Militares, señalando una supuesta vulneración del principio que impide ser sancionado dos veces por el mismo hecho. En primera instancia, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas negó el amparo, argumentando que las sanciones penales y disciplinarias tienen naturalezas distintas y, por tanto, no se vulneró el principio invocado. Frente a esta decisión, el accionante interpuso recurso de impugnación.

Competencia y nulidad: fundamentos de la decisión

Al analizar la impugnación, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia identificó una causal de nulidad relacionada con la falta de competencia de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior para conocer la tutela en primera instancia. La acción de tutela, aunque es un mecanismo preferente y de trámite sumario, debe respetar las reglas básicas del debido proceso, entre ellas la competencia del juez. En este sentido, la Corte recordó que la competencia para conocer tutelas se encuentra regulada en los artículos 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 333 de 2021, que establecen criterios de competencia preventiva, territorial y funcional según la autoridad demandada y el nivel judicial. En el caso concreto, la...