Antecedentes del caso

La tutela fue interpuesta por la apoderada judicial de la propietaria de un vehículo embargado durante un proceso ejecutivo. La reclamación buscaba la entrega del automotor, retenido en un parqueadero especializado, sin que se exigiera el pago de los gastos de depósito, y la reparación por daños y perjuicios. El proceso ejecutivo había decretado el embargo y secuestro del vehículo, el cual fue retenido en un parqueadero de Barranquilla que no estaba registrado ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial local para tal fin. A pesar de que la obligación fue pagada en su totalidad y se ordenó el levantamiento de las medidas cautelares, el parqueadero se negó a entregar el vehículo sin el pago previo de los gastos de depósito. Ante esta situación, la tutela fue promovida contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ejecución de Medellín y la empresa administradora del parqueadero, incluyendo también a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Barranquilla como parte vinculada.

Decisión y fundamentos jurídicos

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema en primera instancia había declarado improcedente la tutela, argumentando que la retención del vehículo y la exigencia de pago derivaban de decisiones adoptadas en el marco del proceso ejecutivo civil, conforme a la normativa procesal vigente (artículos 365 y 597 del Código General del Proceso). Además, señaló que la accionante fue condenada en costas, justificando el traslado de los gastos de parqueadero. Sin embargo, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural revisora encontró que en el trámite de la primera instancia se incurrió en...