Contexto y antecedentes del caso

La decisión surge en el marco de una acción de tutela promovida contra la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera, que había emitido una sentencia anticipada en un proceso de protección al consumidor. En dicha sentencia, la Superintendencia declaró responsable a una entidad bancaria por no demostrar que una clienta había realizado compras desconocidas, rechazando sin motivación el interrogatorio solicitado como prueba. El banco accionante alegó que se le impidió ejercer su derecho de defensa y contradicción, así como el derecho a la prueba, cuestionando la validez de la sentencia por defectos fácticos, procedimentales y sustantivos. El banco solicitó dejar sin efecto la mencionada sentencia y que se ordenara el decreto del interrogatorio de parte solicitado, o subsidiariamente, que se aplicara una reducción en el monto declarado a su cargo conforme al artículo 2357 del Código Civil. La tutela fue inicialmente conocida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que negó el amparo por improcedente, argumentando falta de cumplimiento de los presupuestos de subsidiariedad y legitimidad de la decisión de la Superintendencia.

Competencia y nulidad de lo actuado

La Corte Suprema de Justicia recordó que, aunque la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario, debe respetar las reglas del debido proceso, incluyendo la competencia del juez. Según el Decreto 1069 de 2015 y su modificación en 2021, las tutelas dirigidas contra jueces o tribunales deben ser conocidas en primera instancia por el superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada. En este caso, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá carecía de competencia para conocer la tutela en primera instancia, puesto que las funciones jurisdiccionales cuestionadas fueron ejercidas por la Superintendencia Financiera en reemplazo de los jueces civiles municipales. De acuerdo con el artículo 17 del Código General del Proceso y precedentes jurisprudenciales, la competencia para conocer este tipo de tutelas recae en los jueces civiles del circuito. La Corte Constitucional ha señalado que cuando una superintendencia ejerce funciones jurisdiccionales, actúa como juez dentro de la jurisdicción ordinaria, y la autoridad judicial competente para tramitar recursos contra sus decisiones es el superior jerárquico del juez desplazado. Por lo tanto, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá no era competente para resolver la acción, lo que constituye una causal de nulidad conforme al artículo 133 del Código General del Proceso. La Corte Suprema declaró la nulidad de lo actuado desde la admisión del trámite y ordenó remitir el expediente a la oficina de asignaciones de los juzgados civiles del circuito de Bogotá para que continúe el proceso ante el juez competente.

Conclusiones de la providencia

La providencia reafirma la importancia del respeto a la competencia judicial en el trámite de las acciones de tutela, incluso cuando se trate de mecanismos preferentes y sumarios. Asimismo, enfatiza que la competencia para conocer tutelas contra decisiones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera corresponde a los jueces civiles del circuito, no a las salas superiores. Esta decisión garantiza la correcta administración de justicia y la observancia de las garantías procesales en el ámbito constitucional y legal vigente, fortaleciendo el respeto al debido proceso y la seguridad jurídica en los casos donde entidades administrativas ejercen funciones jurisdiccionales.

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La Corte Suprema de Justicia declara nulidad por incompetencia en acción de tutela contra la Superintendencia Financiera

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