Contexto y antecedentes del caso

La decisión surge en el marco de una acción de tutela promovida contra la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera, que había emitido una sentencia anticipada en un proceso de protección al consumidor. En dicha sentencia, la Superintendencia declaró responsable a una entidad bancaria por no demostrar que una clienta había realizado compras desconocidas, rechazando sin motivación el interrogatorio solicitado como prueba. El banco accionante alegó que se le impidió ejercer su derecho de defensa y contradicción, así como el derecho a la prueba, cuestionando la validez de la sentencia por defectos fácticos, procedimentales y sustantivos. El banco solicitó dejar sin efecto la mencionada sentencia y que se ordenara el decreto del interrogatorio de parte solicitado, o subsidiariamente, que se aplicara una reducción en el monto declarado a su cargo conforme al artículo 2357 del Código Civil. La tutela fue inicialmente conocida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que negó el amparo por improcedente, argumentando falta de cumplimiento de los presupuestos de subsidiariedad y legitimidad de la decisión de la Superintendencia.

Competencia y nulidad de lo actuado

La Corte Suprema de Justicia recordó que, aunque la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario, debe respetar las reglas del debido proceso, incluyendo la competencia del juez. Según el Decreto 1069 de 2015 y su modificación en 2021, las tutelas dirigidas contra jueces o tribunales deben ser conocidas en primera instancia por el superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada. En este caso, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá carecía...