Contexto y antecedentes

El proceso se originó a partir de una acción de tutela interpuesta contra la Superintendencia de Sociedades, en el marco de un proceso de liquidación judicial de una sociedad comercial, respecto de la cual se decretó una medida cautelar consistente en embargo sobre un predio rural denominado “La Unión Fracción Calambeo”, inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente. El accionante, en calidad de víctima, alegó que el inmueble había sido adquirido mediante fraude procesal, con documentos públicos adulterados, y que la medida cautelar afectaba su derecho a la justicia y a la reparación integral. Durante el trámite, se presentaron diversas decisiones judiciales, entre ellas la suspensión y levantamiento del poder dispositivo sobre el bien, apelaciones y decisiones contradictorias en instancias judiciales locales. Además, la Superintendencia de Sociedades, en su función de autoridad administrativa y jurisdiccional en materia de insolvencia empresarial, decretó medidas cautelares dentro del proceso de liquidación judicial.

Providencia judicial y fundamentos

La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, en primera instancia, declaró improcedente la acción de tutela en cuanto a dejar sin efectos el auto mediante el cual se ordenó el embargo del inmueble. Argumentó que el accionante no cumplió con el requisito de subsidiariedad y que existían mecanismos procesales adecuados para la defensa dentro del proceso de liquidación judicial. Sin embargo, la Superintendencia de Sociedades interpuso impugnación alegando, entre otros motivos, la falta de competencia por especialidad de la Sala Penal para conocer del asunto, y la indebida notificación del auto de avocamiento del conocimiento de la acción de tutela, lo cual vulneró su...